Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han generado profundos cambios en la sociedad. Los procedimientos democráticos no han sido la excepción. Un ejemplo es la introducción del voto electrónico que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se difundió en distintos países. La tecnología aplicada en elecciones ha ido avanzando progresivamente: desde el uso de tarjetas perforadas hasta la introducción de sistemas de escaneo óptico avanzados. India, Brasil y Venezuela han desarrollado mecanismos de votación electrónica que se aplican en todo su territorio. Francia, Argentina, Perú, Canadá y Estados Unidos han implementado la tecnología localmente. En Reino Unido, Italia, Países Bajos y Alemania utilizaron estos instrumentos en alguna ocasión y no han optado por su desarrollo definitivo. Y en otros países como España, Suecia, Finlandia o Austria, las dudas sobre su fiabilidad han abierto el debate.

La tecnología aplicada en las elecciones va desde el sistema de registro de votantes, hasta la emisión y conteo de votos. El menú disponible: registro electrónico directo, reconocimiento óptico a partir de lectores que identifican la opción marcada por el votante en una papeleta especial, impresoras de boletas electrónicas que producen un comprobante para ser leído por una máquina o sistemas de votación en línea donde los votos se transmiten por internet desde cualquier computadora con conexión a un servidor para su recuento.

En México, la ley electoral de 1911 permitía el uso de máquinas de votación y la Ley para la Elección de Poderes Federales de 1918 estableció la importancia del tránsito de un sistema de voto tradicional al uso de medios mecánicos o automáticos para sufragar. Las sucesivas leyes electorales de 1946, 1951, 1973 y 1977 también lo previeron. Fue a partir del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1987 cuando desapareció esa consideración. Al margen de la omisión legislativa, las autoridades electorales federal y locales han construido prototipos de boletas y urnas electrónicas. Desde 2004, el IFE inició los estudios y el diseño de instrumentos para el desarrollo de la boleta electrónica. En el ámbito local, los institutos electorales de Coahuila, Jalisco y del entonces Distrito Federal, desarrollaron urnas electrónicas que se emplearon en distintos ejercicios de consulta.

Dentro de los artículos transitorios del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, la Cámara de Diputados instruyó al entonces IFE a iniciar las investigaciones o estudios técnicos que permitieran determinar la viabilidad o no de utilizar instrumentos electrónicos de votación en el mediano plazo. En su diagnóstico, el IFE concluyó que esto era viable siempre y cuando se cumpliera: 1) que se modifique la ley y 2) se dote de suficiencia presupuestal al Instituto. Ambos supuestos no se han cumplido.

La experiencia internacional demuestra que la aplicación de nuevas tecnologías como el voto electrónico, en cualquiera de sus modalidades, tiene al menos tres condicionantes: 1) la factibilidad técnica de la opción seleccionada, 2) la aceptación social del mecanismo de votación y 3) el consenso político para su implementación. En México, el uso de estas tecnologías permitiría eliminar la impresión de boletas electorales y el actual modelo de escrutinio y cómputo en casillas. Además, podrían suprimirse errores humanos tan simples e involuntarios que son resultado del cansancio de los funcionarios después de una jornada de más de diez horas en las casillas. También significaría ahorros en la logística electoral, así como la sustitución del PREP y los conteos rápidos.

Cualquiera de las opciones de votación electrónica que se llegara a emplear debería garantizar la efectividad, autenticidad y secrecía del sufragio, así como el posible recuento de la votación. En la actualidad existen mecanismos que permiten garantizar lo anterior. La experiencia internacional y el diagnóstico presentado por la autoridad electoral lo demuestra. Queda pendiente evaluar si la introducción del voto electrónico pasa la prueba de la aceptación social en un sistema electoral caracterizado por la desconfianza y si existe el consenso político para su implementación. En una eventual reforma electoral, los legisladores tienen la oportunidad de allegarse información técnica y cambiar el futuro de los procedimientos electorales.