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Opinión Editorial


Tras la pista del comprador de anuncios


Publicación:06-08-2020
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En una democracia la voluntad del pueblo deviene como imposición contra los órganos del Estado y no como imposición contra el pueblo

      Poco después de que por algún tiempo la democracia diera cabida a que los partidos políticos y el sistema creado por ellos se convirtieran en la única posibilidad de reunir y convocar a los electores en grupos capaces de la acción política, y éstos se han hecho sentir como portavoces del pueblo para poder expresarse y y asumir decisiones políticas , desde entonces son los órganos últimos de creación e integración de todos los órganos en que se manifiesta la autoridad el Estado en su labor conductora de la vida social, sin cuya mediación la masa amorfa del pueblo no estaría en condiciones de dar vida a los órganos políticos del Estado. Lo cual ha lugar a considerar que toda democracia es obligadamente un Estado de partidos, de la cual depende la estabilidad  institucional y sin que esto signifique que puedan ser considerados como órganos del Estado a pesar de su presencia  en la constitución., sin más propósito que configurar y garantizar la acción política popular dirigida hacia la generalidad, teniendo siempre presente su sumisión a la regla de la responsabilidad pública ante los electores.

     En este contexto, la vida del país ha venido siendo condicionada por el reconocimiento en el prestigio de la autoridad electoral por su  imparcialidad y profesionalismo, por el reconocimiento unilateral de las fuerzas participantes de los resultados de la elección independientemente cuál es éste. No obstante, esto ha dado lugar a algunas deformaciones, como la manifestada por el actual presidente del Instituto Nacional Electoral  en contra de los resultados de la elección de Andrés Manuel López Obrador y la postura asumida alguna vez por Juan Carlos Ugalde, de tal manera que a veces la noción del profesionalismo aparecía como una pretensión personal de que los partidos puedan adquirir en algún momento la característica de ser órganos superiores del Estado, en el sentido de que de que su función es la estabilidad organizada, ya que es contradictorio la función de participar en la formación de la voluntad política  del Estado, pues en una democracia la voluntad del pueblo deviene como imposición contra los órganos del Estado y no como imposición contra el pueblo

     Pero en este desplazamiento a dónde concurrieron los factores de la formación partidista de la autoridad electoral en que no había una línea clara de separación entre la estructura constitucional de los partidos políticos y la integración constitucional de los órganos del Estado, el sistema de partidos adquirió en México carta de naturalización para la deformación corporativa de la voluntad popular, como acción encaminada a garantizar y configurar la acción de todos  con arreglo a estas funciones, que les dan a los partidos políticos un satatus jurídico público de carácter singular, convirtiéndose en un modelo de dominación e imposición de ideas con recursos públicos.

     Desde este punto de vista, mientras mayor es la confusión mayor es la coyuntura  de convertir en plataforma la ambición de un grupo reducido, que además de no darle legitimidad a las designaciones para controlar el poder, tendría que transigir, no sólo con las realidades, sino con los objetivos a corto,  largo y mediano plazo , sin los  cuales no podría construir una mayoría ni legitimar ninguna designación por consenso, para perpetuarse en el poder, convirtiendo en engañosa cualquier forma de concertación entre los partidos políticos y el Estado y éste y sus agrupaciones para hacer que se satisfagan las expectativas ciudadanas de los grupos con los que comparte el poder de decidir.  

     Esta es la función que el sistema de partidos ha tenido en México por desempeñar como tarea la misión de reunir a los electores en agrupaciones capaces de realizar la acción política, convirtiéndose en los portavoces del pueblo para expresarse y tomar decisiones políticas, en donde el mecanismo de la financiación pública constituye la causa de la deformación corporativa de la voluntad popular y el instrumento de control del poder.



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