En 2018, desgraciadamente, el homicidio se colocó en primer lugar de las agresiones cometidas contra las personas defensoras del medio ambiente en México, según se establece en el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, elaborado por quinto año consecutivo por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).

México continúa, desafortunadamente, siendo un país muy peligroso para las personas defensoras de la tierra, del medio ambiente y del territorio, ya que éstas siguen siendo víctimas de agresiones como el homicidio, la criminalización, las amenazas y las intimidaciones, entre otras. El año pasado, deshonrosamente, se mantuvo la tendencia letal del 2017 cuando el país fue incluido en el cuarto lugar del mundo donde se han producido más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente.

El total de agresiones registradas en el Informe entre el 2010 y el 2018 es de 440, de los cuales 49 ataques ocurrieron en el 2018. A este respecto, es importante precisar que un ataque puede incluir varias agresiones de diversos tipos. Por otro lado, las agresiones registradas son una muestra ejemplificativa, puesto que no todas las agresiones son denunciadas o registradas por medios públicos.

En cuanto al tipo de agresiones, el Informe registró en primer lugar al homicidio en el 25% de los casos, en segundo lugar a la criminalización con el 19%, y, en tercer lugar, a las amenazas y las agresiones físicas con el 17%, respectivamente. En cuanto a las entidades donde ocurrieron las agresiones, Puebla fue el estado que registró el mayor número, con un total de 8, seguido de Oaxaca y Chihuahua, con 6. Respecto del tipo de víctima, de los 49 ataques registrados, en el 89% de los casos las agresiones se cometieron directamente contra personas en lo individual, 8% en contra de la comunidad y 3% en contra de una organización de la sociedad civil.

El mayor número de ataques ocurridos (9) tuvo que ver con proyectos de infraestructura; seguido de 8 casos de despojo de tierra y territorio, así como 8 relacionados con proyectos hidroeléctricos. La minería se ubicó en cuarto lugar con 6 ataques. La gran mayoría de los ataques (37) se generó en el contexto de la disputa por la tierra y el territorio.

Algo difícil de creer, es que es el propio Estado mexicano –quien debería ser el garante de los derechos humanos de las personas defensoras del medio ambiente- quien se identificó como uno de los principales agresores, en 19 de los ataques identificados. Las autoridades estatales fueron señaladas en primer lugar como fuente de las agresiones (13 casos), seguidas de las municipales (6 casos) y las federales en 5 casos. También, en 19 de los casos no fue posible identificar al agresor.

El Informe se enfoca particularmente en el tema de la criminalización contra las personas defensoras ambientales, pues a lo largo de los años se ha observado el uso indebido del sistema penal por parte del Estado mexicano para perseguirlas. Entre 2013 y 2017 se registraron por lo menos 95 casos de criminalización contra quienes defienden el medio ambiente. Estas agresiones tienen el propósito de debilitar las acciones de promoción y defensa de los derechos humanos ambientales frente a la implementación de megaproyectos de desarrollo e infraestructura, tanto de empresas privadas como empresas productivas del Estado mexicano que no respetan tales derechos.

Frente a este contexto de grave violencia que viven las personas defensoras ambientales en el país, el pasado 27 de septiembre de 2018, México suscribió en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Es más que fundamental que nuestro país ratifique e implemente cuanto antes dicho Acuerdo a fin de que se pueda establecer una política pública integral y eficaz para la protección adecuada de las personas defensoras ambientales y la prevención de las agresiones.

Algunas recomendaciones incluidas en el Informe son: a) Alinear y armonizar el marco legal y las políticas públicas bajo un enfoque de derechos humanos y el principio del Estado pluricultural; b) Implementar, en la legislación ambiental y en las políticas públicas, la perspectiva de género; c) Respetar el derecho a la autonomía, al territorio y al desarrollo propio de las comunidades indígenas frente a megaproyectos de desarrollo; d) Garantizar oportunamente el cumplimiento del derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y las comunidades e indígenas, así como a la información y a la participación en proyectos de desarrollo que afecten de manera significativa sus modos de vida; e) Implementar medidas como la suspensión temporal de la obra y actividad hasta que se garanticen los derechos de las comunidades indígenas. ¿Quién tomará el liderazgo para reducir y en el tiempo eliminar las agresiones a los defensores ambientales?