La declaratoria de la pandemia por el Covid-19 (SARS-CoV-2) en Nuevo León representa no solamente una crisis sanitaria, sino económica, de seguridad y humanitaria por afectar a la comunidad en general.

Aún en el peor momento de estas crisis reconocemos las estrategias del gobierno estatal por hacer el máximo esfuerzo y destinar los recursos disponibles para responder de inmediato y en forma integral a salvar vidas y romper la cadena de contagios. Sin embargo, a la crisis sanitaria, económica, de seguridad y humanitaria debemos añadir la crisis ambiental.

A pesar que desde marzo se estableció la suspensión de las actividades productivas no esenciales, así como la cancelación de clases en todo el sistema educativo estatal, la prohibición de eventos de alta aglomeración y la restricción de la movilidad urbana, la zona metropolitana de Monterrey ha registrado la más fuerte contaminación atmosférica.

Ya no solamente se trata de las ‘horas pico’ con mala calidad del aire o de alta concentración de contaminantes en ciertas áreas geográficas de nuestra metrópoli, sino de la polución generalizada que supera los límites permisibles de emisión de partículas PM10 y PM2.5, provenientes tanto de fuentes fijas como móviles durante las 24 horas del día.

El propio Índice de Aire y Salud de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, basado en los reportes de las estaciones de la red de monitoreo ambiental, advierte sobre la mala calidad del aire y su impacto en la salud pública. Es una situación que se agrava tras darse a conocer que el coronavirus acelera su trasmisión a través de las micro-partículas contaminantes suspendidas en la atmósfera, según estudios realizados por la Universidad de Ginebra y la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, de Suiza.

Los referidos estudios científicos llevados a cabo en ciudades de España, Italia y Francia, concluyen que el virus aumentó la rapidez de su propagación en períodos de alta polución de las partículas de 2.5 micras, principales causantes del fenómeno conocido como el ‘smog’, y las cuales también provocan el incremento de la influenza, del dengue, de las alergias y de las enfermedades respiratorias en general.

Para salir adelante de esta nueva realidad que enfrentamos, resulta obligado sumar esfuerzos con energía y voluntad, así como mantener la solidaridad social. Pero, sobre todo, demostrar la capacidad de respuesta del gobierno en todos los ámbitos de las crisis generadas por el Covid-19.

Por ello, ante la crisis ambiental sostenemos que la creación de un organismo constitucional autónomo especializado en la vigilancia y el cuidado de la calidad del aire debe ser y hacer la diferencia para disminuir de manera radical la contaminación provocada por fuentes fijas y móviles.

La mala calidad del aire es muestra de que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes o muy ‘light’ y demuestran la urgencia de un organismo que cumpla con su misión y que no siga soslayando o mediatizando las soluciones reales y transformadoras en materia de desarrollo sustentable.

No debemos olvidar que existe un Convenio de Colaboración del Gobierno del Estado de Nuevo León con el Centro Mario Molina, cuyo objetivo central es establecer estrategias basadas en evidencias científicas y en un diagnóstico integral, completo y a fondo sobre la situación medioambiental que sufre nuestra metrópoli.

Dicho Convenio debe servir no únicamente como instrumento para rediseñar la red de monitoreo, para implementar el programa de inspección vehicular, para analizar los componentes de las partículas PM2.5 o para estudiar el impacto de la urbanización sobre la calidad del aire, sino como base para guiar y ejecutar todas las demás acciones.

Mientras existan omisiones o simulaciones, mientras no haya algo operacional y efectivo vamos a seguir de mal en peor.

De manera paralela a la reforma constitucional para crear el organismo autónomo especializado en la calidad del aire, iniciativa que fue promovida por 35 organizaciones de la sociedad civil y que fue aprobada en primera vuelta desde el 18 de diciembre de 2019, es importante legislar sobre las consecuencias que la contaminación causa a la salud de la población. En el derecho civil quien causa daños está obligado a resarcirlos, mitigarlos o reponerlos y debemos ir hacia ese horizonte de la responsabilidad civil.