Esta semana el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de México (Sipinna), rindió un informe en el que señala que, si bien el embarazo en adolescentes ha registrado un decremento, el embarazo en niñas va a la alza.

Hablar de adolescentes embarazadas es recordar que México ocupa el primer lugar en la materia a nivel mundial, lo que resulta alarmante por sí mismo. Sin embargo, hablar de embarazos en niñas menores de 12 años, es hablar de violencia, pues hay una relación directa entre el embarazo infantil y el abuso sexual, generalmente, perpetrado dentro de la familia.

Las niñas menores de edad son vulnerables a enfrentar al menos tres tipos de violencia sexual: la coerción, que es un ejercicio de poder y control que implica amenazas; el abuso, que es el involucramiento en la actividad sexual sin que la niña comprenda o sea capaz de consentir o negarse; y la violación, que es el hecho de obligarlas a tener relaciones sexuales.

La cuarta Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH-2016), determinó que el abuso sexual infantil incrementa en siete veces el riesgo de tener un embarazo precoz; que 8 de cada 10 agresores son conocidos de las víctimas y el 67% son familiares, es decir, el padre, padrastro, tío, hermano, primo, abuelo u otro pariente.

En ese contexto, el tema se agrava porque al ser el delito perpetrado por los propios familiares, el 90 por ciento de los casos de violencia sexual contra niñas de entre 10 y 14 años no deriva en denuncias.

El abuso sexual, la violación, incestos y otros delitos como el lenocinio y la trata con fines de explotación, presentan una mayor incidencia cuando las víctimas tienen entre 10 y 19 años de edad. El Universal publicó que en los últimos tres años, las agresiones sexuales contra menores de edad se incrementaron en un 39 por ciento.

Ahora bien, de los casos donde la víctima resulta embarazada, el Inegi apunta que el 70% de quienes las embarazaron fueron hombres de 18 años o más. La mayoría de las niñas son obligadas a ser madres, tan solo en 2018, en Veracruz, a 38 niñas menores de 12 años, se les negó una segura interrupción del embarazo.

No podemos negar que a pesar de la creación e implementación de leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes, hoy sus derechos e integridad son vulnerables, los menores de edad no son priorizados a la hora de diseñar acciones, presupuestos o políticas públicas trasversales que ataquen la discriminación, el embarazo adolescente, el acoso, el maltrato, el abuso, la precariedad. Esto se agudiza en un país donde 20.4 millones viven en pobreza; y a pesar de que los niños son el 33% de la población, apenas se les destina el 13% del presupuesto.

El Estado y la sociedad civil tenemos grandes retos para garantizar una mejor vida para los más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes en México. Como bien menciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el trabajo por la vigencia y respeto de los derechos humanos, en especial de aquellos que corresponden a las niñas, niños y adolescentes, no puede depender de tiempos o coyunturas políticas.

Debemos erradicar todas las formas de violencia, atender sus causas y consecuencias de manera urgente. Entender el embarazo infantil y adolescente como un problema no sólo de salud pública, sino multifactorial y, a partir de ello, generar una estrategia multisectorial donde participen instituciones educativas, de impartición de justicia, de seguridad, así como de difusión de herramientas informativas, además de garantizarles el acceso equitativo a oportunidades de educación sexual.

No hay tiempo que perder, el Estado debe apostar a una estrategia de prevención y atención a la violencia contra niños, niñas y adolescentes, con apoyo de expertos, con sustento legal, con responsabilidad presupuestal, una política nacional que permita a las niñas ser niñas y nada más.

Twitter: @Ale_BarralesM