Refundar la educación en México es una oportunidad histórica nueva.

 Para refundar la educación es indispensable suprimir el contenido neoliberal de la contrarreforma constitucional en materia educativa del 2013 y las medidas punitivas de sus leyes secundarias. Y, sobre todo, llevar a cabo dicho proceso mediante un parlamento abierto para escuchar la voz del magisterio y debatir su visión educadora.

 Como Partido del Trabajo mantenemos nuestro apoyo irrestricto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en su compromiso para impulsar una reforma educativa que sea el eje rector de la cuarta transformación de México. Empero, consideramos que para lograr este objetivo necesariamente se tiene que establecer a la educación como un derecho humano fundamental, bajo los principios del interés superior de la niñez y de pro persona.

 El Estado Mexicano tiene el deber ineludible e inexcusable de garantizar que se imparta la educación pública a través de un sistema educativo nacional unificado, coordinado y cuyos resultados sean congruentes con los diversos contextos socio-culturales y lingüísticos de México y que desmantele las estructuras que discriminan, racializan, esclavizan y colonizan.

 Vamos a seguir pugnando porque la educación inicial sea obligatoria, así como la educación especial y la educación indígena. Además, por fomentar la inclusión desde etapa inicial hasta la superior, mediante planes y programas de estudio y procesos de enseñanza-aprendizaje que hagan valer los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación social.

 Universalizar la educación temprana desde la primera infancia implica que deje de ser optativa y atienda en forma integral a niñas y niños en sus necesidades de nutrición, salud y desarrollo afectivo-emocional, todo lo cual trascenderá por el resto de la vida en el ser humano y en la propia sociedad.

 Para evitar una reforma antidemocrática insistiremos en que se agote el acuerdo de diálogo con maestras y maestros. En un parlamento que se precie de ser abierto, todas las propuestas y opiniones se debatan transparentemente hasta consensuar las leyes o sus reformas de manera plural e incluyente.

 Las reuniones a puerta cerrada o en sedes alternas son prácticas del viejo régimen político, que utilizaron la secrecía para tomar decisiones contrarias a la población y que no abonan a la democracia libre y participativa y, que tampoco reflejan la visión que tiene AMLO sobre la educación pública.

 Por tal razón, resulta crucial erradicar la concepción neoliberal y sus disposiciones punitivas impuestas por el régimen peñanietista a través del Pacto por México, ya que velar por la dignificación económica, social, política y cultural de millones de trabajadores de la educación, requiere de garantizar el valor supremo de la reforma para el desarrollo integral de los educandos, en un marco de respeto a su dignidad como seres humanos.

 En este nuevo momento histórico es imperioso que el Estado Mexicano cumpla con el mandato constitucional de que toda persona tiene derecho a recibir educación y la educación que imparta sea obligatoria, laica y gratuita. Además, que garantice los fines y criterios de una educación científica, democrática, nacionalista, humanista, inclusiva, equitativa y de calidad desde el nivel inicial hasta el superior.

 Es necesario también cumplir la Ley General de Educación, la cual obliga invertir el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el rubro educativo cada año. Actualmente México destina el 5.2 del porcentaje del PIB, insuficiencia presupuestal aún más cuando es impactada por la corrupción.

 La educación es el mecanismo más poderoso para luchar contra nuestros problemas estructurales de pobreza y desigualdad, de violencia e inseguridad y de corrupción e impunidad que imperan en México, como vía para la formación de capital intelectual y desarrollo humano, claves para detonar la verdadera transformación de nuestro país.

 Será un despropósito avalar un dictamen de reforma que no contemple a la educación como un derecho humano fundamental, que no haga prevalecer la dignidad humana, que no garantiza la educación desde el nivel inicial hasta el superior, ni incluye la educación especial ni la indígena, que tampoco regresa al magisterio los derechos laborales conquistados y que no reinstala de inmediato a los profesores despedidos en forma injusta, conforme al compromiso hecho por el Presidente de la República.