El nuevo gobierno ofreció un cambio. Ofreció gobernar con honestidad y eficacia. En sus primeros dos meses, han sido evidentes la ausencia de estrategias y la improvisación. Ello es patente en prácticamente todos los temas, incluido el que quizá sea el problema más acuciante que enfrentamos: la inseguridad.
Primero se ofreció desmilitarizar la seguridad pública y revivir a la Secretaría del ramo. No comenzaba siquiera a nacer, cuando la "súper" Secretaría de Seguridad se desvaneció para abrir espacio a su opuesto: un cuerpo militar que, para disimular su esencia, se ha dado en llamar Guardia Nacional.

Súbitamente, el discurso de salvamento de las policías, la federal y las locales, cambió por una exaltación desmedida de la Fuerzas Armadas (que, por cierto, no necesitan), y la denostación sistemática e injusta de las policías. Mala, muy mala señal, que se piense que con acciones militares se podrán enfrentar los eventos de violencia extrema o de ingobernabilidad, que se multiplican en todo el país. Va un breve e incompleto recuento de las últimas semanas:
En Tlahuelilpan, soldados sólo alcanzaron a observar mientras un ducto era ordeñado, para luego explotar y matar al menos a 122 personas.
En Guerrero, criminales se enfrentaron en Chilapa, con un saldo de diez muertos.

Otro enfrentamiento en Oaxaca terminó con tres muertos.

Mientras el gobierno manifiesta que no se actuará contra quienes roben "por necesidad" —sabe Dios, o el gobierno, cómo se determinará eso—, la carretera Salamanca-Querétaro fue escenario de un enfrentamiento de personas inconformes con la presencia de fuerzas federales debido al robo de combustible.

Ominoso también el mensaje de tolerancia hacia los bloqueos de la CNTE en Michoacán, responsabilidad por ley del gobierno federal, y que han provocado pérdidas por miles de millones de pesos.

Preocupante la huelga en decenas de maquiladoras en Tamaulipas, y el probable cierre de varias de ellas, con la participación directa de personajes ligados a Morena por un lado, y la respuesta displicente de la Secretaría del Trabajo, por el otro.

Y, en este contexto, se piensa que es una buena idea lanzar un mensaje inequívoco de que el gobierno ya no irá contra los "capos" del narcotráfico. Los jefes de las organizaciones criminales no suben por sus habilidades mercantiles, sino por su capacidad de violencia. Por ello, una cosa es no profundizar la "guerra contra el narco" y otra, muy distinta, abdicar de la responsabilidad de perseguir y detener a gente que asesina, secuestra y extorsiona.

Son por lo tanto muy preocupantes tanto los eventos en sí mismos, que no son nuevos, pero no dejan de multiplicarse, como la evasión de responsabilidades esenciales. Pero eso no es todo. Comienza a asomarse la intención de maquillar la realidad. Con números de un día se nos dice que hay una reducción en homicidios, cuando ya sabemos que el pasado diciembre hubo 10% más asesinatos que en ese mismo mes de 2017.

En diciembre y enero se han asesinado a 68 policías, esos que el nuevo gobierno afirma que en su mayoría son ineptos y corruptos. Y también sabemos que se han incrementado otros delitos, como los robos a mano armada.

La violencia, la criminalidad o los distintos retos a la autoridad no se van a resolver con abdicación de responsabilidades, ni con absoluciones anticipadas, ni con un militarismo que abusa de nuestras Fuerzas Armadas.

Urge terminar con las improvisaciones, y pensar y poner en marcha proyectos institucionales que rescaten a las policías, a las fiscalías, al sistema judicial, a las cárceles. Por el bien de todos, urge que el gobierno asuma sus responsabilidades.

Twitter: @MaElenaMorera