Una de las razones por las que se desconfía del sistema de procuración de justicia es debido al rezago existente de causas criminales sin resolver y de las cuales, el número de denuncias que se hacen son pocas las que se consignan. A eso hay que añadirle que con la práctica de los derechos humanos, la situación de la víctima pasó a un segundo plano, después de atender primero los derechos humanos del agresor, y además, el resto de la justicia no se ocupa de los intereses de la sociedad sino de intereses privados valorables en dinero, bajo el haz de que nadie puede hacerse justicia por su propia mano. El juez desempeña un papel preponderante en la alegación de las partes y la reunión del material probatorio en busca de la verdad y la justicia, del interés común de las partes en conflicto y de la autoridad, pudiendo esta última subsanar y regularizar de oficio el procedimiento (art. 80 del Código Fed. de Proc. Civiles), incluido aquí la dilucidación de derechos humanos en el Juicio de Amparo.

Por la sencilla razón de que, como dice Theodor Sternberg: “el gobierno y la judicatura del sabio no pueden imperar en el mundo, no porque le falte su conocimiento y práctica de la meditación, imparcialidad y fuerza de convencer, sino porque no hay seguridad que el juez sabio no sea sospechoso de subjetividad, ceguera y parcialidad” (Introducción a la Ciencia del Derecho. Libro segundo, cap. II).

A pesar de lo reciente de darse a conocer, en la gestión del nuevo gobierno, la complejidad de los hechos en que coparticiparon la dirección de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores organizados para la defensa de sus empleos y ante la ausencia de vigilancia de la Función Pública, en que se realizó el más grande saqueo de los recursos nacionales, no se ha visto avance importante en las tareas de investigación de los contratos suscritos, mediante los cuales los particulares construyeron gasoductos financiados con recursos públicos y que luego estos pasaran a su propiedad, como en el caso de la administración de bienes concursados por los acreedores; Hacienda favoreció la liberalidad, para que Amado Yáñez (Oceanografía S.A. de C.V.) interviniera en el cuidado del negocio, pero no para que cobrara como interventor el monto del anterior presidente de la República y que este negocio, quedara curiosamente en manos del Grupo Atlacomulco,al que pertenecen Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo Maza (Estado de México).

Una parte de las dificultades estriba, en que en algún tiempo se le dijo a Andrés Manuel López Obrador que el sistema mexicano en el que estaba decidido a participar, consistía en no abusar del poder y transmitirlo intacto al contrincante, en caso de derrota electoral; de donde resulta una extraordinaria composición de moderación y demagogia, de educación y engaño del elector, dentro de cuyo contexto sólo cabían los partidos de gestión, pero por ningún concepto podría imaginarse un partido revolucionario susceptible de cambiarlo todo. Esto le favoreció a Andrés Manuel López Obrador para que su triunfo adviniera con naturalidad como la fuerza de la gravitación universal. Y esto es cierto, pero lo que no se dijo es que, los gobiernos de de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto administraron la opulencia para incorporar al gobierno sólo a unos cuantos de los desplazados del sector privado durante la depresión que duró de 1982 a 2018.

Y aunque el acceso de López Obrador al gobierno, no responde a un movimiento revolucionario, sí obedece a la inconformidad del sacrificio de la mayoría y de los empresarios no atendidos en sus necesidades por los gobiernos anteriores. Ya que el primero de los cambios fue invertir el orden de los factores por atender, con los programas de ayuda a los más necesitados. No obstante, siempre está latente que el hombre pelea y miente cuando le quitan aquello a lo que se consagra su vida, para saciar el egoísmo y un entorno saturado de corrupción y desmanes. Andrés Manuel López Obrador no puede limitarse a que la dirección política que le da a la ejecución de la ley, según los deseos de la mayoría expresados en las urnas y considerados como la opinión media de la población y el juicio medio del hombre de la calle, sean una cuestión que solo atañen a un aspecto de conciencia del denunciado como transgresor de la ley; tiene que examinarse dicha dirección en el entorno total de los daños causados, para resarcirlos. Como decía Kant, el derecho se puede ilustrar en un ángulo de 180 grados, donde la perpendicular que lo divide en dos iguales de 90 grados, ilustra que de un lado están los derechos y del otro las obligaciones, sin colocar en uno solo todos los derechos ni todas las obligaciones, para ser equitativos.

Pero el problema no solo debe ocuparse de aplicar la opinión media del hombre de la calle, sino que se asuman decisiones técnicas incomprensibles para la mayoría. Porque en estos casos, no se trata del conocimiento ni de las decisiones compulsivas de un buen padre de familia que actúa por intuición, sino del profesionista al que se le paga por sus conocimientos, por prever y anticiparse a los acontecimientos por venir; como para explicar hoy la crisis del agotamiento de las reservas del fondo de Banxico hacia finales de 1994, y la contratación ulterior de mayor deuda para solventar las anteriores, por efecto de un simple error de diciembre, así como, tampoco la instalación de miles de válvulas sobre los gasoductos que permitieron el robo de combustibles y los contratos de energía en que ilegalmente y sin autoridad se concedió el pago de gasoductos, por cuenta de la nación para dejarlos como propiedad suya, lo cual supone contratos de inversión privada para que los contratistas ahora aduzcan la propiedad de estos. Que quién sabe qué sabiondo y con qué poder, autorizó todo esto a nombre del gobierno y por cuenta de los contribuyentes.