El gobierno de López Obrador marcha acompañado de acciones que pretenden un cambio para reivindicar la carga impuesta por más de treinta años a los grupos desprotegidos, haciendo que estos solventaran el costo del gobierno entregado a las empresas para su beneficio particular. Con esas acciones atrajo la reacción interesada de Fernández de Cevallos (PAN), en pretender el descrédito de las medidas asumidas por el gobierno contra la corrupción y el robo organizado de las gasolinas, pasando por alto el obstáculo de la estructura de Pemex, fraccionada en cuatro empresas con funciones que suponen un mayor control sobre los recursos no renovables de la nación, y que en la retórica del panista -quien no obtuvo la compasión con su autosecuestro- calificó la gestión de López Obrador de falto de pruebas contra Romero Deschamps (STPRM) y de iniciar no una cuarta transformación, sino una transformación de cuarta, que en la enmarañada moral del más recalcitrante colaborador de la corrupción existente en México, no concibe que hundió a los partidos y al corporativismo sindical definitorio de las condiciones del trabajo.

El país -en parte- es reflejo de una historia de políticos sin legitimación para ostentar el parecer popular que los ha hecho débiles y temerosos, lo cual los condiciona a que en el ejercicio del poder sean arrastrados a sujetar las opciones a los medios militares, como sucedió: durante la huelga ferrocarrilera, la represión estudiantil de 1968 en Tlatelolco, la masacre de Chenaló en Chiapas y para concluir, la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa, habiendo estado latente que la nación sujeta su desenvolvimiento a la acción de dos corrientes que se eliminan por la fuerza de la tradición de la herencia militar de sus hijos, a quienes poco a poco, se les instruye en las universidades extranjeras en torno a la idea de abandonar las ilusiones entre las sutilezas del conservadurismo y de la reacción que avanza con la personalidad del doble juego y la resistencia por el combate, lo que nunca permite perder la genética latente de la imposición entre ciudadanos inferiores, privados de los derechos civiles que cultivan la amargura de los que se identifican como víctimas, frente a los que actúan contra el parecer popular.

Alguna vez lo hizo valer Ferdinand Lasalle, cuando explica los factores reales de poder que permanecen tras la acción del gobierno para el cobro de impuestos y otros menesteres, exhibiendo su fuerza disuasiva. Alrededor de la división de poderes, siempre se escribió sobre las tareas del gobierno. Adam Smith escribió a propósito de los gastos de la república, que la primer obligación es la de proteger la sociedad contra la violencia y la invasión de otras sociedades (Cfr. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones). Lo cual no puede realizarse sino por la fuerza militar.

La verdad es que los problemas actuales de la defensa no se circunscriben a una cuestión de anexión territorial y sujeción de pueblos, sino a una situación compleja que responde a la apertura comercial y la emigración; y con la primera, el trasiego de drogas al mercado estadounidense que arrastra consigo el lavado de dinero, el trasiego de armas prohibidas, que Hilary Clinton en su momento definió como la insurgencia de la delincuencia en México, la que no se puede enfrentar con las policías convencionales mediatizadas por su falta de preparación. Por lo que la creación de la Guardia civil con mando temporal del ejército, corresponde a la defensa contra una guerra subversiva y debe, por razones de prudencia política y financieras, ser confiada a elementos de seguridad salidos del contingente y de las reservas.

El experimento ya se realizó, y las guardias del pueblo operaron en Michoacán para evitar el robo de acero y el cobro de piso por parte de la delincuencia organizada asociada a Peña Nieto. Es admirable que el dogmatismo de la memoria no se haya impuesto con el valor de las palabras que evocan la defensa de las fronteras, o que la policilla debe enfrentar a la guerrilla de la delincuencia organizada y no el ejército; pero sí, a una guerra civil extendida en todo el territorio, mientras se conforma una organización policial omnipresente, capaz de oponerse al desorden y de dominar la acción que alcanza al secreto de la banca.

“Lo que tiende a destruir el sistema burocrático lo fomenta el de self-goverment. La participación de numerosos ciudadanos en la gestión administrativa, no sólo tiende a acrecentar por el método seguro de la práctica la capacidad política del pueblo, sino que le lleva a mirar el Gobierno como cosa suya y a considerar las medidas públicas desde un punto de vista distinto del de las diversas clases sociales, a medir la influencia que han de ejercer en el conjunto de la comunidad. El no saberse casi en Inglaterra lo que eran partidos sociales durante el imperio del self-government es un ejemplo elocuente del influjo de este sistema de administración. Claro es que no ha de confiarse sólo en el sistema administrativo para obtener tales resultados. …hay que reconocer que el sistema administrativo puede contribuir poderosamente a derrocar el espíritu y la tiranía de clase” (Francisco J. Goodnow. Derecho Administrativo Comparado: EU, Inglaterra, Francia y Alemania. T. II. Ed. La España Moderna).

En México, la sociedad civil y las agrupaciones con intereses distintos a los de los grupos en que se apoyó el régimen, lejos de promover la participación democrática la sustituyó convirtiendo a la técnica de los intereses particulares en el punto de referencia de la nueva fuente de sustentación del Estado, hasta el punto en que a Josefina Vázquez Mota se le autorizó una de estas, para llevar recursos en favor de la alimentación de las estancias infantiles con absoluta libertad de gestión, al margen de los beneficiarios inexistentes.