La tormenta ‘Fernand’ que azotó la zona metropolitana en septiembre de 2019, a pesar de haberse degradado en depresión tropical causó daños para cuya reparación el Gobierno del Estado de Nuevo León tuvo que destinar 200 millones de pesos contemplados para mejorar la calidad del aire.

Por ello, del presupuesto para la Secretaría de Desarrollo Sustentable este 2020, se destinarán 250 millones de pesos al mejoramiento de la calidad del aire. Para ejercer este gasto, la Secretaría tiene que presentar un Plan Integral de Calidad del Aire ante la Comisión de Desarrollo Sustentable del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, la cual analizará, modificará y aprobará las metas, objetivos e indicadores de desempeño.

Además, la Secretaría deberá informar al Congreso del Estado de manera trimestral los avances del Plan que para su efecto implemente.

Mientras la Secretaría presenta dicho Plan tendiente a reducir la contaminación atmosférica por los daños a la salud de los nuevoleoneses que van en aumento, en el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo nos dimos a la tarea de proponer un punto de acuerdo, aprobado la semana pasada por la Diputación Permanente del Congreso del Estado, para que:

1.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable y los Municipios del Área Metropolitana informen sobre los avances para instalar filtros detectores de vehículos ostensiblemente contaminantes y aplicar fotomultas, así como las acciones para implementar programas de verificación y no circulación vehicular para disminuir y eliminar la contaminación ambiental.

2.- El Gobernador del Estado y la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado consideren la adquisición de equipos tecnológicos que transforman los contaminantes del aire en oxígeno y biomasa en beneficio de la salud pública (como las torres BioUrban).

3.- Los 51 Municipios del Estado establezcan programas de recaudación del Impuesto Predial mediante mecanismos de reciclaje o reúso de materiales y consideren también adquirir equipos tecnológicos con la finalidad fomentar la cultura de protección ambiental.

La contaminación del aire causa una variedad de efectos adversos en la salud, tales como infecciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares y cáncer de pulmón, cuyas cifras se incrementaron un 10% en el 2019 en comparación con el 2018, según la Secretaría de Salud del Estado.

Dicha contaminación se genera por fuentes fijas y móviles, tales como la industria, por la quema a gran escala de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gases; el transporte, por el uso de diésel y gasolina; los residuos sólidos, cuya exposición y quema a cielo abierto libera metano, dioxinas y dióxido de carbono; el desarrollo urbano, por la ‘limpia’ de la capa vegetal de miles de hectáreas y por las ‘pedreras’; la actividad agropecuaria, por fumigar pesticidas e insecticidas y usar fertilizantes que generan gases de efecto invernadero y, el hogar, por el uso de energéticos para limpiar y cocinar.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable sostiene que Monterrey ya dejó de ser la ciudad más contaminada de México, pero debemos considerar que el 9 de febrero entrará en vigor la NOM-172-SEMARNAT-2019, cuyos nuevos parámetros para la medición de partículas Menores a 10 micras (PM10) y Partículas Menores a 2.5 micras (PM2.5) modificarán el Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud (INCARS) y el Índice Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA), que durante las últimas dos décadas han exhibido la nociva calidad del aire que respiramos en la Zona Metropolitana de acuerdo con los reportes del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA).

La nueva Norma Oficial contempla para las PM10 valores de 45 a 70 microgramos por metro cúbico para reportar mala calidad del aire y de 79 a 147 microgramos para muy mala calidad. Para las PM2.5 contempla valores de 75 a 155 microgramos por metro cúbico para reportar mala calidad y de 155 a 235 microgramos como muy mala.

Para que el Plan Integral de Calidad del Aire sea efectivo, requerimos que la Secretaría de Desarrollo Sustentable también presente públicamente la lista de agentes contaminantes y su porcentaje de emisiones, llámese como se llame la empresa industrial o la actividad económica, para obligar a todos los sectores productivos a cumplirlo e involucrar a cada uno de los habitantes de Nuevo León para enfrentar nuestro más grave problema medioambiental, pues solucionarlo no depende de más presupuesto o de buenas intenciones.