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Opinión Editorial


ORDEN vs. LEY


Publicación:11-07-2019
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A consecuencia de la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ha puesto de manifiesto un llamado de alerta sobre la estabilidad del gobierno, presionado no solo por una poderosa oposición inconforme sino por los efectos de esta renuncia sobre el papel del refrendo que desempeñan los secretarios en la composición de la administración pública y, en particular, sobre los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente, porque no siendo el presidente de la República un sabelotodo, los secretarios deben compartir con él la responsabilidad técnica de las decisiones que se asuman (artículo 92 constitucional).
Carlos Urzúa precisó en su renuncia: “…hubo muchas discrepancias en materia económica…en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Aunado a ello me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personas influyentes del actual gobierno con un posible conflicto de intereses. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en la evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”.
Lamentablemente la respuesta de López Obrador no tardó, y sabiéndose dueño del sainete donde se zapatea, aceptó la renuncia y hasta se permitió la libertad literaria de decir que “los vinos nuevos no se depositan en botellas viejas”. Incluso durante la conferencia matutina de ayer, el mismo López Obrador explicó la renuncia de Carlos Urzúa aduciendo que la versión del exsecretario de hacienda no representaba la visión contra la política neoliberal promovida por su administración.
No solo se debe insistir en el alcance de la responsabilidad de los secretarios del ramo, respecto de alguna discrepancia con el titular del Ejecutivo, sino porque como alguna vez expuso Jaques Rueff, -celebre por expresar durante la época de Charles De Gaulle que debían revisarse las bases del Fondo Monetaria Internacional para regresar al patrón oro- los intercambios y los tipos de cambio sólo coronaban un sistema ventajoso para Estados Unidos y Gran Bretaña, en el sentido de prestar las canicas perdidas en el juego para que todos siguieran jugando.
Sobre la renuncia de Carlos Urzúa, no puede dejarse pasar lo que Jques Rueff escribió: “Sin duda sorprenderá que una misma teoría económica explique sistemas tan diferentes como el liberal y el autoritario. Si así ocurre a pesar del sentimiento común, es porque los regímenes políticos no son más que marcos donde se desenvuelve la actividad económica de los hombres. Fijan la forma de los fenómenos sociales, no modifican su naturaleza. Actúan como motores de automóviles, donde se opera la transformación de energía química en energía mecánica. Semejante transformación puede producirse en el marco de dispositivos muy diversos, elegidos libremente por el constructor, con vistas a los fines particulares que persigue. Pero cualquiera que sea el tipo de motor utilizado, los fenómenos puestos en acción están regidos por los principios de la termodinámica. Estos permanecen valederos en todos los casos, ya que tienen semejanza con la naturaleza misma de los gases y no con la forma contingente del dispositivo en el interior del cual se opera la transformación que ellos rigen” (Jaques Rueff. El orden social, ed. Aguilar, p.XIII).
Dentro de este contexto, no puede dejarse de concebir que Carlos Urzúa estableció como prioridad la disciplina fiscal y el absoluto control del gasto, para evitar la repetición del sobrecalentamiento de la economía y un eventual paso del auge a la depresión con alza de precios. Lo cual es susceptible de manejarse en cualquier economía de corte liberal o autoritario para evitar el endeudamiento y la inflación de precios, con la sobre fase de derechos verdaderos o falsos, según que el volumen de la circulación monetaria sea igual o superior al valor de las riquezas que contiene. Recordemos que un verdadero derecho proporciona a su titular facultad de disposición efectiva y, por consiguiente, poder adquisitivo hasta el pago total de su valor nominal, puesto que en todo momento su contenido puede ser cambiado en igualdad de valor por moneda, y ésta, por cualquier riqueza ofrecida en el mercado. Por el contrario, un falso derecho no proporciona poder adquisitivo hasta el pago total de las riquezas que contiene. La facultad de disposición que atribuye es ilusoria para toda diferencia entre el valor nominal y el valor de su contenido” Ob cit., p- 320).
Lo más grave es que el presidente de la República sin entender que una misma teoría económica explique sistemas tan diferentes como el liberal y el autoritario, asuma que hayan existido discrepancias con el jefe de la Oficina de la Presidencia, aduciendo que “le encargó a Alfonso Romo que ayudara con la coordinación para el funcionamiento de la banca de desarrollo… Y no había, en eso, acuerdo con Carlos Urzúa, y sí diferencias entre este y Romo. Cuando en realidad, Carlos Urzúa renunció por gentes que le impuso Alfonso Romo cuando éste andaba en el mundo de las ilusiones en su carácter de empresario con una supuesta autoridad moral para bautizar a López Obrador y desempeñarse como jefe de Gabinete, arrebatándole al secretario de Hacienda de hecho la única facultad de delegar en nombre del presidente de la República. Y, esto que nunca se sometió a escrutinio público, le roba a todas las reformas -hasta hoy emprendidas por el actual gobierno- el beneplácito de un poder constituyente, susceptible de cambiarse nuevamente y ser rechazado mañana, por la vía de la jurisprudencia y los actos administrativos.
Debiera preocuparle al Ejecutivo la denuncia de una lista de servidores con influencia inconmensurable, que sin oficio ni beneficio pesan con el poder del presidente de la República, y cuya misión no contemplada en la ley emerge como grilla que a falta de conocimientos los vuelve “corre ve y dile”, como en otro tiempo fueron los oficiales mayores. La moralidad de Alfonso Romo queda expuesta en cómo resuelve los conflictos con sus empleados, el mejor ejemplo es la capacidad para alterar los hechos de las reclamaciones con su influencia, que pueden agudizar una despiadada lucha de clases por la autoridad pseudo moral del empresario, quien no reparó en hacer negocios con Salinas, alentar la producción de alimentos transgénicos y tramitar el cobro de partidas presupuestales a cambio de un 20%. La economía crece, cuando se respeta la ley.



« Redacción »
Carlos Ponzio


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