Con el objetivo de proteger la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas del Estado y de los Municipios, a mediados de febrero nos dimos a la tarea de presentar una iniciativa de reforma constitucional en materia de seguridad vial.

     Cabe referir que para promover la cultura vial y desarrollar políticas públicas que ayuden a reducir muertes, lesiones y discapacidades por accidentes automovilísticos, a principios del 2018 se creó el Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial, primero en su tipo en México.

     En su informe del bimestre mayo-junio del 2019, el Observatorio destacó que se registraron 9 mil 576 hechos de tránsito en Monterrey y su Área Metropolitana y que en el 30% de los accidentes viales estuvieron involucrados jóvenes entre los 15 y 29 años de edad. Informó que 22 personas perecieron, de los cuales doce murieron por causa de atropello, siete por estrellamiento, uno por derrape de moto, uno por alcance y uno por choque de frente.

     A nivel nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2015 a noviembre de 2018 fallecieron un total de 44 mil 364 personas en accidentes de tránsito, mientras que 110 mil 427 personas resultaron lesionadas por la misma causa. Señala que en el país cada 24 horas mueren 32 personas en accidentes de tránsito y 81 resultan heridas. La cifra incluye tanto a personas que iban en los vehículos involucrados, así como como a peatones y ciclistas, entre otros.

     Algunos países han adoptado el modelo Visión Cero, el cual consiste en asumir que todo accidente de tránsito es prevenible, teniendo como principios: que nadie debe morir, ni sufrir lesiones en las vías públicas; que las calles y los vehículos deben adaptarse, en mayor medida, a las condiciones del ser humano; que el resguardo de la integridad física de las personas que transitan en las vías públicas es responsabilidad de todos y, que es aceptable que ocurran este tipo de accidentes, pero no que resulten en lesiones serias.

     Para las familias es devastador cuando un integrante muere o acaba lesionado a causa de un accidente de tránsito, siendo que un alto porcentaje de las muertes, lesiones y discapacidades por esta causa son prevenibles.

     Desde el 2016 la Organización Mundial de las Salud (la OMS) proyectó que para este 2020 los traumatismos por accidentes de tránsito podrían ser la tercera causa de muerte y discapacidad en el mundo. Por su parte, la Asamblea General de la ONU proclamó el período 2011-2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con el fin de reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes viales en todo el mundo y de fortalecer la gestión nacional y regional en materia de seguridad e infraestructura vial, seguridad de vehículos, educación de los usuarios y atención después de los accidentes.

     De acuerdo con el INEGI, Nuevo León encabeza el nada honroso primer lugar en accidentes de tránsito con más de 80 mil eventos en el 2019, cifra que lamentablemente ya fue superada durante este año. Frente a estos datos es necesario tomar en cuenta que en Monterrey casi el 98 por ciento de las vías son para uso de automóviles y tan sólo el 2 por ciento para ciclistas y peatones.

     La convivencia entre los diferentes medios de transporte o sistemas de movilidad sin una infraestructura vial que garantice seguridad, genera choques, colisiones, atropellamientos y, en consecuencia, muertos, heridos y discapacitados, donde los más afectados son los más vulnerables: peatones, ciclistas y motociclistas. Esta situación requiere de distintas perspectivas para planificar acciones coordinadas y orientadas a disminuir la inseguridad vial y sus costosas y lamentables implicaciones socioeconómicas y ambientales.

     Es importante reforzar el marco jurídico en materia de seguridad vial si aspiramos a vivir en una ciudad que no represente un riesgo permanente para nuestras vidas y la de nuestras niñas y niños, en una ciudad donde regresemos  vivos a nuestros hogares y que nuestros seres queridos regresen también.

     Aunque no ha sido dictaminada nuestra iniciativa de reforma para que el Artículo Tercero disponga que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad vial. El Estado y los Municipios establecerán acciones y programas que tengan como objetivo prioritario la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas, con un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo a través de la generación de sistemas viales seguros”, nos satisface que el Congreso de la Unión acaba de reformar la Carta Magna para que Federación-Estados-Municipios regulen la movilidad y la seguridad vial y cumplan con los fines que se prevean.