La integración de los jóvenes a la vida laboral es un elemento clave para transitar a la vida adulta, ya que la sociedad suele valorar a los individuos de acuerdo a la contribución de éstos al desarrollo material, cultural o espiritual de su comunidad.

Sin embargo, las condiciones económicas y laborales no han favorecido la inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo.

A nivel nacional, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reporta que, al tercer trimestre de 2018, existen un millón 858 mil 160 personas desocupadas, de las cuales, el 55.50 por ciento son personas de entre los 15 y los 29 años de edad.

En el mismo trimestre, nuestra entidad registra 93 mil 772 personas desocupadas, de las cuales 17 mil 461 son jóvenes entre los 15 y 19 años, y 33 mil 696 se encuentran entre los 20 y 29 años de edad, es decir, el sector juvenil desocupado representa el 54.55 por ciento de la población total desocupada en nuestro Estado.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señala, en su documento, Nuevo León ‘Información Laboral’ Enero 2019, que el sector de la población ocupada al tercer trimestre de 2018, es de 14 a 19 años de edad representa únicamente el 6%, mientras que el 23 por ciento corresponde al sector comprendido entre los 20 a los 29 años de edad.

Como se puede observar, los jóvenes encuentran una gran dificultad para acceder a un trabajo, ya no se diga bien remunerado.

Al ser un sector prioritario, el Estado debe velar porque el mayor número de jóvenes pueda integrarse a la sociedad, reconociéndose el derecho que tienen al trabajo como un modo honesto de subsistir.

En este sentido, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al trabajo, por lo que, al ser considerado un derecho humano, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo.

Recordemos que los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Estas prerrogativas se encuentran establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de los tratados internacionales, de los que nuestra Nación es parte, en nuestra Constitución Local y en diversas leyes que conforman nuestro orden jurídico, tanto nacional como estatal.

En concordancia con los tratados internacionales, nuestra Carta Magna, establece, en su artículo 123 que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.

La Constitución de Nuevo León establece, en su artículo 4º, que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a las leyes”. Además dispone que “En materia laboral debe existir igualdad de oportunidades para todas las personas. Queda prohibida cualquier tipo de discriminación que atente contra los derechos y libertad de las personas a mantener o acceder a algún empleo”.

Debido a la mala situación económica en que viven muchas familias, las personas han tenido que iniciar su vida laboral en una etapa cada vez más joven, incluso, aún sin haber cursado un nivel educativo óptimo, por ello, el Estado debe crear normas que propicien o eleven el interés de los empresarios para contratar a jóvenes, más allá de la preparación o de instituciones educativas, perfil profesional o de certificaciones laborales.

Es por lo anterior que propusimos una iniciativa para incentivar a los empresarios, condonando el pago del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), por un lapso de 24 meses, a quien contrate a personal que acceda por primera vez al mercado laboral o a personas que hubieren terminado sus estudios técnicos o profesionales en el año previo a su contratación.

Como representantes de los ciudadanos estamos conscientes de que las políticas y programas dirigidos a los jóvenes, deben considerarlos como actores estratégicos y no como un grupo vulnerable, porque es evidente su importancia como fuerza social, económica, política y cultural.