Opinión Editorial


¡Mano dura a delincuentes!


Publicación:01-08-2020

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Salvaguardar la seguridad, vida e integridad de los mexicanos es uno de los retos de mayor urgencia, trascendencia y complejidad para nuestro país

Salvaguardar la seguridad, vida e integridad de los mexicanos es uno de los retos de mayor urgencia, trascendencia y complejidad para nuestro país, ya que se ha presentado una lastimosa realidad con una gran cantidad de testimonios en los que las expresiones de violencia cobran cada vez más significado en contra de los bienes jurídicos tutelados de la sociedad.

De esta forma, durante las últimas décadas el abanico de violencia hacia los derechos de las personas se ha multiplicado a niveles alarmantes, requiriendo respuestas claras y eficaces que reviertan la tendencia en la que se encuentran sumergidas diversas regiones del territorio nacional.

Justo es señalar, que la importancia de poner en marcha estos factores de acción es directamente proporcional a ofrecer un mejor panorama de seguridad para la población, pues cada año son cientos de miles de víctimas las que exigen la sensibilidad, congruencia y compromiso del gobierno para acentuar la seguridad y justicia necesarias.

Sin embargo, es loable destacar la relevancia de que las rutas que se tracen, cumplan cabalmente con el espíritu de su creación, ya que la puesta en marcha de algunas respuestas ha dejado cuestionamientos respecto a su eficiencia, como lo es el caso de la Guardia Nacional.

Ahora bien, uno de los esfuerzos más importantes que avaló el Constituyente Permanente el año pasado fue la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incorporando al artículo 19 constitucional el abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos en materia de armas de fuego, explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Es menester precisar que dicha modificación constitucional conlleva que a las personas que se les impute la comisión de alguno de estos delitos graves no tengan la posibilidad de llevar en libertad el proceso judicial, dictando por oficio el Juez de control la reclusión en los centros correspondientes.

No obstante, para llevar a una eficaz práctica este precepto, es indispensable contar con la legislación secundaria adecuada que permita la armonización sustantiva y adjetiva de la nueva realidad procesal que se ha de observar a raíz de la reforma. Por ello, uno de los temas que tiene a su cargo avalar el Congreso Mexicano es el paquete de reformas a la legislación correspondiente a los delitos.

Es por esto que dentro de los delitos que ahora serán castigados con mayor rigor, se encuentra el abuso infantil, el robo a casa habitación y el feminicidio; sobre este último, en 2019 más de mil mujeres fueron privadas de la vida por el hecho de ser mujer, por lo que se concluye que aún hay una gran ruta por recorrer y una enorme brecha por cerrar en favor de la seguridad de las y los mexicanos; por lo que poner en marcha acciones estratégicas como el fortalecimiento del andamiaje legislativo permitirá una mejora.

Bajo ese contexto, es menester que en todo acto jurisdiccional se respete y ejerza a la luz de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, particularmente dando vigencia al debido proceso sin transgredir otros principios constitucionales como la presunción de inocencia. Además de fortalecer a los órganos de procuración de justicia y fomentar una mayor cultura de denuncia con resultados para que las personas confíen en el sistema judicial.

Twitter: @manuelanorve



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