A las y los mexicanos: Una de las principales causas de la inseguridad y la pobreza en México es la corrupción e impunidad que prevalecieron por décadas, cuyas ramificaciones aún no han podido desterrarse. Me pregunto y le pregunto a las y los lectores de esta columna ¿cómo sería nuestro país si los recursos no se hubieran desviado y sin la vergonzosa corrupción e impunidad que fue solapada e impulsada desde las más altas esferas del poder político?, ¿cómo sería la vida de las familias mexicanas? y ¿cuál sería el desarrollo económico y social de nuestra nación?

Corrupción e impunidad que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador no tolerará. Resulta oportuno hacer un recuento de algunas de las acciones que se han instrumentado para erradicar tanto la corrupción mayor (de Estado), como la corrupción menor (mordidas, dádivas y moches), pues ello constituye la piedra angular de la transformación del régimen y de la vida pública.

Destaca la austeridad republicana como un principio rector de la administración pública, hoy el gobierno se aprieta el cinturón para que lleguen más recursos a las manos de quienes lo necesitan.

La impunidad encontró su ocaso en la actual administración, hoy está en la cárcel Rosario Robles y sujeta a juicio político en el Congreso por la estafa maestra que permitió al pasado gobierno desviar 7 mil 670 millones de pesos por medio de 128 empresas fantasma. El exgobernador de Veracruz Javier Duarte está en la cárcel por desvío de recursos públicos, y el exgobernador de Chihuahua César Duarte está siendo investigado, debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó propiedades en el extranjero producto de la corrupción.

Se combate la práctica de las facturas falsas, por lo que la Secretaría de Hacienda presentó ya las primeras denuncias contra 43 factureras, las cuales evadieron impuestos por 55 mil millones de pesos.

El caso Odebrecht que en otros países desde 2016 provocó que funcionarios de alto nivel y sus familiares fueran juzgados y encarcelados por corrupción, ahora gracias al tesón de la presente administración, la extradición de Lozoya Austin vislumbra la implacable aplicación de la ley y la justicia contra todos los involucrados.

Tomás Zerón, señalado por la "mentira histórica" sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, además de que la Fiscalía General de la República solicitó al Poder Judicial 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos.

En el Poder Legislativo se echan cimientos sólidos para un nuevo marco jurídico que permita combatir de manera efectiva la corrupción y poner fin a la impunidad.

Por lo que hace a las malas prácticas y presuntos desvíos de recursos en la actual administración, se han impuesto sanciones, inhabilitado a funcionarios públicos y empresas; se han abierto las investigaciones correspondientes de cara a la ciudadanía.

Para nadie es un secreto que la corrupción alcanzó a los integrantes del Poder Judicial, como lo reconoció el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien asumió públicamente que se necesita una reforma al Poder Judicial.

El establecimiento de un nuevo régimen exige una verdadera vocación y una renovada convicción de las y los servidores públicos. No se requiere ser muy suspicaz para saber quiénes más serán alcanzados por la mano de la justicia, hay deudas que el pueblo de México no olvida y exige que sean saldadas.

Twitter:@LaraPaola1