La semana pasada, el presidente López Obrador se lanzó, nuevamente, contra la sociedad civil. Durante su conferencia mañanera un reportero le preguntó sobre las audiencias que se llevaban a cabo en el Senado sobre la Guardia Nacional. Estas audiencias, cabe aclarar, se abrieron en gran parte ante la insistencia de colectivos de víctimas, de defensores de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil para visibilizar los riesgos que conlleva la creación de un cuerpo militar a cargo de la seguridad pública. "¿Hay algún cambio en la postura del gobierno federal acerca de cómo sería el mando de la Guardia Nacional?", preguntó el reportero.

La respuesta del presidente fue lamentable: "Sí, es que, pues, ellos se quedaron en el modelo antiguo que no dio resultados. (…) y ahora que queremos nosotros atender este problema gravísimo, en vez de que ayuden, nos están poniendo trabas. (…) siempre son los expertos los que deciden o los integrantes de la llamada sociedad civil y el pueblo raso no es tomado en cuenta, como si no existiera o como si no supieran y el pueblo es sabio. (…) Puro experto, puro diagnóstico, estudios, contratación de asesores pero no se hace nada por cambiar las cosas. Lo de la Guardia Nacional es urgente, es una preocupación".
Dejamos a un lado el tema de la Guardia Nacional y las muchas razones por la cuales varios académicos, defensores de víctimas, organismos nacionales e internacionales (por lo menos 6 mandatos de la ONU), nos hemos expresado en contra de la Guardia y dar facultades permanentes a los militares en materia seguridad pública. Hablemos de la sociedad civil y el papel que tienen los miembros de una comunidad política en la cimentación y funcionamiento de un estado democrático.

En democracia, las funciones de los ciudadanos no se limitan a ser meros receptores de servicios del Estado o de participar —de vez en vez— en elecciones o plebiscitos para expresar su preferencia. La sociedad civil tiene, por ejemplo, un papel importante en la generación de redes de apoyo para otros miembros de la comunidad. En el tema de seguridad específicamente, existen grupos de ayuda para asistir a personas en situación de calle, hay grupos que buscan alejar a jóvenes en riesgo de conductas delictivas, o que apoyan a grupos —como mujeres o menores de edad— que tienen a un miembro de la familia en prisión, que buscan a desaparecidos o que dan asistencia —y voz— a las víctimas del delito; personas a quienes el Estado simplemente no tiene capacidad o interés en atender.

La sociedad civil también tiene una función de monitoreo y revisión de la actuación gubernamental. Sin embargo, a diferencia de las redes de apoyo, esta función suele ser antagónica al gobierno, pues implica señalar el incumplimiento de obligaciones, la revisión de nombramientos o del desvío de recursos por parte de autoridades específicas. Por ello, este oficio, suele no gustar a los gobiernos. Pero se trata de un papel fundamental para la construcción de un Estado democrático, pues la sociedad civil sirve como contrapeso que obliga a las autoridades a transparentar su actuación y decisiones, a sujetarse a la ley.
Por último, la sociedad civil puede informar las decisiones del gobierno para lograr políticas públicas racionales y de calidad. Las —buenas— decisiones de política pública, se hacen con base en evidencia y no de creencias personales o conveniencia política. La abrumadora mayoría de participantes de la sociedad civil en las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional se manifestaron en contra de la reforma porque 12 años de evidencia muestran los efectos devastadores que ha tenido el despliegue militar en tareas de seguridad pública. Bien haría el presidente en escuchar lo que se dijo en las audiencias en lugar de simplemente desacreditar y antagonizar. Llamar trabas a la apertura parlamentaria no abona a la consolidación de nuestra democracia. Militarizar al país tampoco.

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