Opinión Columna


La participación criminal


Publicación:09-05-2019
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Alejandro Getz Manero (Fiscal de México) ha sido mucho más elocuente al precisar que los abogados del crimen organizado se encuentran entre nosotros.

Aún están muy frescas las líneas y las pinceladas, en que las elecciones fueron una especie de sacramento a través del que por mucho tiempo, se hizo creer al país que el sufragio sin resultados comprobables era un procedimiento para moderar desde el gobierno la lucha entre las fuerzas políticas y sociales opuestas. La razón era muy simple, una vez ungido el elegido, se siguió la práctica de que éste recibía la varita mágica de expresar la voluntad nacional, dentro de una coyuntura en que la nación es un cuerpo amorfo con intereses distintos a los del pueblo, podía el ungido preguntar en lo más oscuro del interior de su alma donde sólo se dan los más perversos sentimientos, sin referencia a las expectativas del elector, al partido ni a programa alguno, fundamentalmente porque no puede convocarse a elecciones dos veces por semana en el monumento de la Independencia o en las Macro plazas de Guadalajara y de Monterrey, menos cuando a cinco meses de gobierno no se pueden evaluar los resultados del gobierno, cuando el gobierno todavía se conduce con instrumentos concebidos por las autoridades anteriores frente a una entidad sin cuerpo ni rostro y con poderes de divinidad.


No hay más voluntad general que la expuesta directamente por el pueblo en las urnas y los convocantes a las marchas del pasado domingo exhiben una ansiedad inusual por las deliberaciones políticas, en particular porque Enrique de la Madrid no admite la crítica de su gestión en menoscabo de la depredación de recursos naturales en Turismo, Vicente Fox se siente divinamente agredido por el doble lenguaje de su discurso que lo salvó con la pensión de expresidente, y las aportaciones doctrinarias de Mariana Gómez del Campo sintetizadas en que la carrera política es como la mierda que flota y las de Gabriel Quadri por las que demostró que la discusión nacional plural patrocinada con dinero público son aptas de mediatizarse por la voluptuosidad de una modelo esmerada en su trabajo.


En realidad, éstos ya fueron derrotados y pretenden sumarse a una movilización interesada que pretende la renuncia de López Obrador, por considerar que divide al país, no respeta la Constitución, ni ha reducido los índices de seguridad que nacieron con la política de las drogas del ex presidente y se agravaron con la declaración de guerra que envolvía al Plan de Panamá y que no era sino la visión de Hilary Clinton de la insurgencia de la delincuencia en México. Otros menos agresivos. Pero que se revolvieron en una misma causa común de la protesta que no tiene respeto por los términos de la democracia y que la ejecución de la ley supone una orientación y la inflexión de las instituciones políticas y de los hombres en una determinada visión y dirección política, legitimada por escrutinio de la mayoría (Cfr. León Blum: Presidente del Consejo de Ministros francés. La reforma gubernamental), únicamente pedían un cambio un cambio en las políticas del gobierno, pero por ninguno de los caminos de la protesta pueden dejar sin efecto el rechazo de los privilegios revisados en el gobierno de López Obrador.


Sobre este último aspecto, no obstante, habrá que recordar las palabras expuestas por Emmanuel Joseph Sieyés en el Reconocimiento y Exposición Razonada de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en los Preliminar de la Constitución francesa, en torno a las causas que hundieron al país y que no pueden dejarse pasar, menos dejarse impunes sin castigo cuando se concedieron privilegios en perjuicio de la mayoría: “La igualdad de los derechos políticos es un principio fundamental, como lo es la de los derechos civiles. De la desigualdad de los derechos políticos nacerían pronto los privilegios. El privilegio es, o dispensa de una obligación común, o concesión exclusiva de un bien común. Siendo la ley un instrumento común, no puede tener otro objeto que el interés común. Sería imposible establecer el orden, si se pretendiese obedecer a intereses opuestos. Un orden social supone necesariamente una unidad de fines y el concierto de los medios… Se entiende que siendo la unanimidad algo muy difícil de obtener en un conjunto de hombres , se convierte en imposible de alcanzar en una sociedad constituida por varios millones de individuos…Todos los poderes públicos emanan de la voluntad general…El mandatario público , cualquiera que sea su cargo, no ejerce un poder que le pertenezca propiamente, es el poder de todos que se ha confiado; es grave error creer que una función pública pueda llegar a convertirse jamás en la propiedad de un hombre; es un grave error creer que el poder público es un derecho , cuando es un deber. Los funcionarios de la nación no tienen por encima de los ciudadanos, sino deberes de más que cumplir”


En realidad, la supresión de los delitos desde principios de la gestión de Ernesto Zedillo para favorecer las faltas del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y de las administraciones posteriores, no implica dejar de sancionar el incumplimiento de las obligaciones impuestas a los gobernantes, y ahí queda la teoría de la participación criminal: de los delitos de comisión por omisión de la doctrina francesa, que se presenta cuando en la comisión de un delito algún funcionario o servidor público teniendo una obligación o un deber que cumplir, se abstiene de cumplir con él. Vicenzo Manzini escribe que la asociación es una lógica y natural tendencia humana dirigida a la consecución de un interés reputado como valioso para el individuo, no alterando la licitud o ilicitud del mismo, el planteo formulado. En tal sentido, la asociación delictuosa es entrañable al concepto económico de la empresa y hay entre ambas muchas afinidades. Alejandro Getz Manero (Fiscal de México) ha sido mucho más elocuente al precisar que los abogados del crimen organizado se encuentran entre nosotros.

 



« Redacción »
Carlos Ponzio


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