No es exagerado afirmar que el gobierno de México ha estado arrinconado con el proceso migratorio, que vive una etapa particularmente crítica. El fenómeno migratorio es tan viejo como la historia de la humanidad, y se presenta recurrentemente en diversos rincones del planeta. Hoy se dan simultáneamente migraciones numerosas en diversas regiones, provocadas por conflictos étnicos, religiosos, culturales, sociales (violencia), o por desplazamientos y fenómenos naturales y, sobre todo, por crecientes diferencias económicas, que inducen migraciones en busca de mejores condiciones de vida.

Debido a su vecindad con la economía más rica del mundo, en México siempre ha existido migración de quienes, al no encontrar oportunidades de trabajo y condiciones de vida y seguridad adecuadas, emigran a EU. La intensidad de esas migraciones fluctúa con la situación económica relativa de ambos países (oportunidades de ocupación y niveles de ingresos).

La crisis migratoria que ha vivido México desde 2019 forma parte de otra global y hemisférica. El gobierno debe tener esto claro al definir los recursos para enfrentar el fenómeno y sus alcances reales. También el principio de que migraciones como las que enfrenta, no se evitan o detienen, sino que solo se administran.

En su último Informe sobre las migraciones en el mundo (2022), la ONU señala que en 2020 migraron 281 millones de personas, de los cuales casi dos tercios (169 millones) eran trabajadores migrantes y 14% (41 millones) niños. Además, que la migración permanente hacia la zona más septentrional de América (EU y Canadá) fue de 1.1 millones al año, lo que equivale a poco más de tres mil por día. Entre los “aspectos complejos y emergentes de la migración”, destacan la trata de personas, la desinformación, la inteligencia artificial y los efectos de evolución gradual del cambio climático, todo esto acentuado por el impacto heterogéneo del Covid-19 en el mundo.

México está entrampado en este proceso. Por una parte, es territorio de paso para contingentes muy numerosos de población desde Centroamérica, El Caribe y Sudamérica, que buscan cruzar el río Bravo. Por otra, también enfrenta una avalancha de migración, por la falta de creación de ocupaciones suficientes. Por su naturaleza, es difícil contar con datos precisos sobre migrantes ilegales que cruzan la frontera, sin embargo; es posible dimensionar este fenómeno a partir de las detenciones fronterizas. Los mexicanos detenidos cada mes aumentaron de 22 mil en el segundo trimestre de 2019 a 75 mil en el segundo trimestre de 2022. Adicionalmente, por el territorio nacional cruzaron 153 mil personas provenientes de otros países.

¿Cómo “administrar” este fenómeno sin resolver el problema de fondo, que es la desigualdad de la dotación de capital por trabajador entre los países? Mientras el capital por trabajador sea mayor en EU, la productividad será mayor y las compensaciones por trabajador también. O se mueve la gente o se mueve el capital. Si el movimiento de personas es social y políticamente insostenible, lo que corresponde es aumentar los flujos de capital hacia economías con mayor mano de obra. AMLO parece entender esto; de ahí, que impulse su principio de “atender las causas para evitar que la gente tenga que migrar”. El principio es correcto, pero la ejecución es un desastre, pues no se establecen políticas e incentivos suficientes y efectivos para que fluya más capital.

Por eso la frustración sobre lo que sucede en materia de migración, pues se sabe que la causa raíz es la falta de capital, por lo que la “administración” del fenómeno necesariamente fracasará. Es indispensable cambiar el énfasis: lo que se requiere es un verdadero y cuantioso programa de inversiones en México y en otros países expulsores. No se vislumbran las condiciones para eso.

Presidente de GEA/StructurA