En los últimos meses, la regulación de la cannabis ha tenido avances importantes. En la Organización de las Naciones Unidas (ONU), apenas la semana pasada se aprobó una resolución para sacar la cannabis de la lista IV (la lista de sustancias consideradas más peligrosos y que tienen los controles internacionales más estrictos). La cannabis seguirá siendo una sustancia controlada, pero el cambio permite que sea reconocido su valor terapéutico y que puedan realizarse investigaciones con la planta. La decisión es un importante logro dentro de la Comisión de Estupefacientes —el organismo de la ONU en el que se toman decisiones sobre el control de drogas a nivel internacional y que ha sido dominado por posturas prohibicionistas duras.

Durante las elecciones pasadas en Estados Unidos, se aprobaron varias propuestas de regulación de cannabis. Ahora 35 estados de la Unión Americana tienen mercados legales para marihuana medicinal y en 16 (contando el Distrito de Columbia) para uso adulto. La semana pasada, además, la Cámara de Diputados de aquel país aprobó una iniciativa para sacar la cannabis de la lista de sustancias controladas a nivel federal. La iniciativa prevé eliminar antecedentes penales para delitos no violentos relacionados con esta sustancia y etiquetar impuestos de la venta de cannabis para ser destinados en las comunidades más afectadas por la guerra contra las drogas. (Esta iniciativa debe aún pasar por el Senado).

México parece listo para subirse a la ola cannábica. No solo votó en la ONU a favor de sacar la cannabis de la lista IV; esta semana finalmente se discute en la Cámara de Diputados una iniciativa para regular la cannabis. Existen pues, importantes expectativas de que terminemos este —horrible— año con una ley que saque del mercado negro —y de las manos del crimen organizado— a usuarios, cultivadores, productores, vendedores y pacientes. La discusión viene, no obstante, con un sabor amargo.

La iniciativa mexicana, que ya fue aprobada en el Senado, establece condiciones muy difíciles de cumplir y excesivamente caras para la mayoría de los productores mexicanos. Ello asegura que solo un puñado de personas puedan participar en el mercado legal, el resto —predeciblemente— permanecerá en la ilicitud. Peor aún, quienes no tengan los recursos para cumplir los requisitos del mercado legal continuarán criminalizados porque se mantiene el régimen penal de la prohibición. Si bien el umbral para sancionar la posesión simple se aumenta, el delito permanece. Esto significa que cualquier persona puede ser detenida, cateada e incluso llevada a una fiscalía para determinar si la cantidad está dentro de la tolerada o no. También se mantiene la criminalización de campesinos que cultiven sin esos permisos que la ley hace casi imposible que puedan acceder.

Quienes hemos pugnado por el fin de la prohibición, vemos en la regulación de los mercados ilícitos de drogas una importante puerta para incorporar a la legalidad a miles de personas que la prohibición ha mantenido excluidos. Vemos la oportunidad de disminuir el poder de los grupos de delincuencia organizada, pero también de poner alto la violencia que el Estado ejerce contra ciertos sectores. Lo que está por aprobarse, sin embargo, entrega el mercado legal a un grupo reducido, garantiza la continuidad de la violencia estatal y del mercado negro.

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