Los sueños de unos pocos configurando la pesadilla de muchos. Así es como uno de los analistas entrevistados en "Trabajo confidencial" (Inside job), el multipremiado documental de Charles Ferguson, resume la crisis financiera del 2008. A través de un minucioso trabajo de investigación, se desnuda la rapacidad de un sistema financiero en el que los que tienen mucho conservan sus ganancias y los que tienen poco juegan —sin saberlo— a la ruleta rusa. Un sistema carcomido por dentro.

Las consecuencias fatales de la connivencia entre empresarios, políticos y analistas trajo a la agenda internacional la urgencia de delimitar los intereses privados de la acción pública. La regulación de conflictos de interés y la llamada "puerta giratoria", (el flujo e influencia de altos directivos del sector privado en puestos relevantes del sector público y viceversa), se volvió un problema prioritario. Así, distintos casos han sido analizados por académicos y organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De los aprendizajes y recomendaciones surgidas existen tres de utilidad: en primer lugar, la necesidad de contar con criterios claros de acceso, tránsito y egreso para quienes ocupan un puesto en la función pública; en segundo, el fortalecimiento y autonomía de organismos de control que permitan la vigilancia del buen desempeño público y, en tercero, la existencia de normas que incluyen "periodos de enfriamiento" previos y posteriores a la ocupación de cargos públicos. Estas medidas pueden funcionar si se aplican de manera complementaria entre sí. Desde luego, no todo paso del sector público al sector privado configura un delito. Sin embargo, resulta preocupante que las medidas tomadas por esta administración atiendan parcialmente el problema. El remedio, puede ser peor que la enfermedad.

Recientemente, la Ley Federal de Austeridad Republicana votada en el Senado incluyó una disposición para "trabar" las puertas giratorias. A propuesta del Senador Félix Salgado Macedonio se estableció que los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior que se separen de su cargo, es decir, Secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores o equivalentes, jefes de unidad y directores generales, no podrán ocupar durante los siguientes diez años, puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público. No pretenden su enfriamiento sino su congelamiento. Lo cual puede generar incentivos perversos como el darle la vuelta a la ley a través de consultorías o bien buscar enriquecerse para un retiro cómodo y seguro.

La evidencia muestra que en países con servicios profesionales de carrera, los llamados "periodos de enfriamiento" suelen ser de dos años (Japón, Reino Unido y Países Bajos), cinco (Canadá y Estados Unidos) o hasta un año (Irlanda). En América Latina, la situación es muy precaria. Hay intentos limitados por profesionalizar la función pública, y aún más débiles por regular la puerta giratoria. Se sabe que los sectores más propicios para favorecer grupos de interés han sido: el financiero, el energético y el de telecomunicaciones. Pero las fronteras porosas entre lo público y lo privado han configurado una élite política y económica que han terminado por definir marcos regulatorios, orientar políticas públicas y vulnerar la autonomía del Estado. En México, tal y como lo evidenció la renuncia de Carlos Urzúa, no se ha optado aún por dignificar el empleo público y profesionalizarlo. Por el contrario, hasta ahora, trabajar para el gobierno federal implica adoptar ciegamente una ideología o bien, terminar en la congeladora.