El plan anunciado durante tres campañas presidenciales y emprendido a partir del 28 de diciembre de 2018 por Andrés Manuel López Obrador, es el ataque frontal contra la corrupción en Pemex que el pueblo de México tanto esperaba y que deberá proseguir en la CFE, IMSS, ISSSTE e INE, así como en todo el aparato gubernamental de los tres poderes y niveles de gobierno.

 A pesar de las dolorosas tragedias humanas, recientes y pasadas, la estrategia puesta en marcha por el nuevo Gobierno Federal para combatir el robo de combustible en todo el territorio nacional, cuenta con el decidido apoyo popular, pero no solamente para erradicar a los ‘huachicoleros’ de abajo, sino también a los de ‘huachicoleros’ de arriba.

 Es decir, intervenir a fondo y rescatar de la corrupción a la industria petrolera en particular y al sector energético en lo general, problema que se convirtió en un lastre para Pemex y la CFE con la llegada de los gobiernos neoliberales en 1984 y que se extendió como cáncer con la imposición de las reformas energéticas de Felipe Calderón Hinojosa (2008) y de Enrique Peña Nieto (2012), pues en realidad se trata de reformas anticonstitucionales, privatizadoras y extranjerizantes.

 Por ello, se deben mantener firmes las acciones de combate frontal e integral contra la corrupción e impunidad gubernamental, uno de nuestros principales problemas estructurales, el cual va de mano con la pobreza y la desigualdad, así como con la inseguridad y la delincuencia, en cuyo combate debemos participar toda la ciudadanía tope hasta donde tope.

 Tal y como lo propone el Presidente de México, se hace necesario convocar nuevamente al debate nacional para ahondar sobre el diagnóstico del sector energético y sobre los fines políticos, sociales y económicos que se tienen que buscar con Pemex y la CFE para bien de los intereses de la nación mexicana, así como los medios y las decisiones adecuadas para realizar eficazmente dichos fines en la compleja realidad mundial.

 Se hace necesario, sobre todo, desmontar y que caigan cada una de las falacias de la reforma energética, que se nos vendieron como si fueran de interés nacional, cuando en realidad son los mismos intereses extranjeros expulsados hace 70 años del país, tras la expropiación petrolera ejecutada por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938.

 Nos referimos a las falacias respecto a la competitividad nacional del sector energético que promueven los intereses geopolíticos extranjeros; sobre la supuesta falta de recursos para la inversión por parte del Estado Mexicano; acerca de que Pemex y CFE son ineficientes y que su privatización generará beneficios superiores; sobre la urgente necesidad de invertir en aguas profundas y explotar el nuevo tesoro del gas lutita (gas shale); acerca de dar prioridad a la inversión para la extracción de crudo y su exportación sin valor agregado, además de no invertir en refinación, petroquímica y recuperación del gas asociado; con relación al hecho de que la inversión y control privados en hidrocarburos y electricidad son la única vía para mejorar la eficiencia en la administración y gestión de Pemex y de la CFE y, por lo tanto, que la privatización se debe llevar a cabo a toda costa para beneficiar al país,

 Lo único que han hecho las contrarreformas energéticas de Calderón Hinojosa y de Peña Nieto es incrementar la transferencia de la renta petrolera hacia las empresas extranjeras y repercutir negativamente en las finanzas del país, debido a que los gobiernos del PRI y del PAN simularon combatir la corrupción en Pemex y en la CFE, al involucrarse en su saqueo y coludirse en las multimillonarias inversiones y contratos (los sobornos de Odebrecht y de Oceanografía son tan sólo lo casos más recientes), dando rienda suelta para que se generalizaran los actos de corrupción e impunidad de altos funcionarios y de nivel medio, así como de dirigentes sindicales y trabajadores allegados.

 Esas y muchas otras situaciones, como los recurrentes ‘gasolinazos’, detonaron el surgimiento de los ‘huachicoleros’ desde hace tres sexenios, que hicieron de las perforaciones ilegales y de las tomas clandestinas de los gasoductos no sólo su ‘modus operandi’, sino su ‘modus vivendi’ para la ordeña y el robo de combustible, delito que alcanzó casi los mismos niveles que el tráfico de drogas en el país y que al año representa una pérdida para Pemex de 60 mil millones de pesos.

 No basta con reformar el artículo 19 constitucional, para que el robo de combustible sea tipificado como delito grave sin derecho a fianza. El combate contra la corrupción en Pemex y en la CFE debe ser hasta erradicar a los ‘huachicoleros’ de arriba y de abajo, así como a los diablitos y diablotes.