En la doctrina del derecho es donde se observa con mayor nitidez aquel relato bíblico de que después de ser llamado para recibir la ley divina en diez mandamientos, el pueblo de Israel incurrió en su perdición, lo cual fue castigado a través de que la humanidad hablara lenguas diferentes y así, no se entendieran entre sí. Misma situación, que  se reprodujo cuando las discusiones de la política tomaron el curso de atender el mayor beneficio generado para el mayor número de la población y de la ética, los relativos a lo que es moralmente bueno y moralmente malo, para cada quien lo resolviera en lo individual, superándolos a través de la economía. 

     A propósito de otras áreas de la vida social, cito a Frederic William Maitlad, quien escribe:  “Posteriormente Savigy hizo retornar  a jueces y tribunales, desde aberraciones carentes de principios, al camino recto pero angosto del Derecho romano…: Junto a los hombres  o personas naturales, la ley reconoce como sujetos de los derechos de propiedad a ciertas personas ficticias , artificiales o jurídicas, considerando a la corporación como una especie  de este género. Debemos distinguir cuidadosamente entre las personas naturales, que la integran  como miembros. Aquella tiene capacidad para ser titular de derechos de propiedad, pero es incapaz de saber, proponerse, querer obrar. La relación entre ella y sus miembros no tiene mayor comparación  que la que se dá entre pupillus y tutor, o entre un loco  y el gestor de su patrimonio” (Introducción de Maitland en la obra de Otto Von Gierke: Historia de las Ideas Políticas de la Edad Media. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1995, p. 18).

     En derredor de este problema, es que se han desarrollado algunas cuestiones de confusión en que se manifiesta el tránsito de la voluntad y de las expectativas electorales a la toma de decisiones políticas, sin que dé la impresión ni parezca ser una imposición en agravio de algún sector de la población minoritario, en otro momento privilegiado y beneficiario de las decisiones políticas,  y que al mismo tiempo esté en disposición de disputarle al Estado la titularidad de las decisiones políticas y sus consecuentes beneficios. 

     En razón de ello, se ha tenido en el país la actitud interesada de algunas corporaciones como la de los partidos políticos, los sindicatos de trabajadores, las organizaciones de la sociedad  civil y las poderosas corporaciones que actúan a nombre de los beneficios monopólicos otorgados por el  Estado,  incluyendo aquí la libertad  a estas corporaciones  -que no tienen capacidad para saber qué es lo que quieren y que tampoco  se les puede juzgar ni sancionar por sus acciones delictivas-  para realizar todas las actividades o giros comerciales que en lo individual no pueden realizar las personas físicas, como lo son las acciones por las que puede ocultarse el monopolio y la simulación de los negocios para evadir impuestos e incurrir en el jugoso negocio del blanqueado de dinero y capitales en manos de La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

     Tal y como lo describe  Federic William Maitland: “Dígase lo que se diga de las comunas municipales o de otro tipo, universidades, colegios e iglesias, la moderna sociedad anónima se resiste  a todo intento de  que se la interprete como pieza del mecanismo del Estado. Aunque puede sernos útil recordar que algunos de sus ejemplos más tempranos  e ilustrativos, especialmente respecto del Banco de Inglaterra y la Compañía de las Indias Orientales, que estaban íntimamente relacionadas con el Estado. Más aún, la moderna sociedad anónima, aun siendo una universitas, se parece  extremadamente  a una societas (partnership: sociedad de negocios), semejanza que parecía amenazar uno de los resultados más seguros de la ciencia jurídica” (Ibid., p. 20).

     Probablemente, el desenvolvimiento de la ciencia jurídica en Inglaterra comparado con el de México tenga un enfoque diferente , aunque lo único que cambie sea el signo de los factores en el binomio, pues mientras que para los ingleses el desenvolvimiento de la sociedad anónima tiene el signo de la emisión pública, con el propósito de prestar dinero al gobierno a cambio del privilegio conferido mediante la autorización del Parlamento, de emitir Billetes bajo ciertas limitaciones sujetas a supervisión, en México la autonomía de las universidades y la del propio Banco de México dieron lugar a un mecanismo de suplantación de responsabilidades, de lo que el mejor ejemplo fue la decisión legislativa de convertir en deuda pública de la nación las deudas impagables de la banca, por su negligencia de soltar el dinero, y en las universidades públicas, por la simulación de negocios públicos con la creencia de que la autonomía generaría irresponsabilidad.