Conozco todas las sedes en las que ha estado ubicado el Tribunal Electoral. He ido a defender las acciones de un partido político, he litigado lo que creía que eran los derechos de una candidata independiente. Pero lo que hoy defiendo ante ese Tribunal es algo muy superior: se trata de un juicio que tiene que ver con la transición democrática del país.

Tengo el honor de defender el derecho fundamental de asociación política de más de un cuarto de millón de mexicanos que en ejercicio de su ciudadanía cumplieron todos los requisitos constitucionales para que les sea reconocido ese derecho; con legalidad, y con decisión; porque se quiere participar en la construcción de México.

Crear un partido político es un proceso restrictivo, difícil y constantemente auditable que sólo puede darse cada 6 años. Fue un proceso al que nos sujetamos puntualmente. Por eso, negar el registro de un partido político sin motivo y sin fundamento jurídico es un riesgo para la democracia.

El 3 de septiembre culminó el proceso de registro de México Libre con la aprobación de aceptación de la Comisión de Prerrogativas. El propio INE dio por cumplidos todos los requisitos para constituirnos en partido político.

Sin embargo, en la sesión del 4 de septiembre, cuatro consejeros integraron 2 criterios novedosos y ad hoc (solamente aplicables a México Libre) y cambiaron la votación negando el derecho de asociación política a quienes construimos México Libre. Lo hicieron sin fundar y motivar su resolución, lo cual viola principios constitucionales además de romper con el sistema de fuentes de derecho al inventar criterios en plena sesión.

Es falso que la ley requiera negar el registro porque el 5% de los aportantes vía la aplicación Clip no fue identificado. Es falso que no hubiesen sido identificados. Estoy convencida de que ningún partido ha dado tantos datos de sus aportantes como nosotros. Y fue un criterio rechazado por el propio consejo. Es inadmisible, porque dos consejeros aseguren ignorar la existencia y el contenido de un escrito, nieguen el registro de un partido político. Esto va en contra de las más elementales garantías sobre el debido proceso. Por estas razones interpusimos el recurso.

La resolución del 4 de septiembre violó los principios constitucionales de reserva de ley, legalidad, certeza jurídica, confianza legítima; de la garantía de audiencia, del debido proceso, de proporcionalidad y de igualdad.

Estamos en un momento histórico, se trata de honrar el derecho, la democracia y la historia de México. Hemos asistido al Tribunal, los magistrados y magistradas me dan la confianza de que actuarán cuidando el estado democrático y constitucional del Derecho.

Estoy convencida de que los magistrados están a la altura de la tarea que les presentamos, hemos sido escuchados y buscaré siempre persuadirlos del derecho que nos asiste. En la Historia de una Nación, la Patria exige actos heroicos, no porque lo pida el poderoso o el débil, sino porque lo dicta la conciencia, lo manda la justicia y la búsqueda de la verdad.