Cuando en una situación política especial coinciden y se dan cita las órdenes de la eficacia y la validez: lo que es efectivo es válido, lo que es válido  es en alguna forma efectivo. Escribe Helio jaguaribe : “Tal coincidencia  se debe al hecho de que el proceso de  formación, constitución y ejercicio del poder es representativo  de las expectativas sociales que surgen  del régimen de participación. Esta representatividad no debe confundirse  con la existencia y la operación formales de los mecanismos de la democracia representativa forjados por el liberalismo europeo del siglo XIX, aunque depende de algún mecanismo de representación formal. Hay países políticamente subdesarrollados como por ejemplo Brasil, donde los mecanismos de la democracia representativa existían y funcionaban antes del golpe de 1964, pero de alguna manera en gran medida formal, eligiéndose representantes del pueblo a los representantes del poder legislativo  y ejecutivo a través de estos mecanismos. A pesar de esto, la verdadera representatividad   está ausente todavía, ya que el mero funcionamiento libre y abierto de las instituciones democráticas no produce la representatividad de las funciones gubernamentales frente a las políticas, o la de las funciones políticas frente a las sociales. Sin embargo, dado que no existe una mediación política entre los ciudadanos  y sus representantes legislativos o ejecutivos, estos representantes no pueden continuar representando al electorado durante su permanencia en el puesto y el electorado tampoco  puede exigir de sus representantes las decisiones políticas para las que fueron elegidos. Existe así una brecha creciente entre la eficacia y la validez del poder y entre la eficacia real y la aparente” (Desarrollo  Económico y Político. Ed. F.C.E, México, 1973, pág.  67-68).

      Por esta razón, se dan las contradicciones del régimen que hacen que Andrés Manuel López Obrador incurra en la contradicción de pretender no verse vengativo ante la opinión pública, cuando se trata de la corrupción comprobada por el mismo gobierno en la revisión de sus cuentas, en particular, las confesadas por el mismo Emilio Lozoya por su gestión frente a la administración de Petróleos Mexicanos, bajo las órdenes directas de Luis Videgaray y de Enrique Peña Nieto y por la valoración de la empresa Agro Industrias, que el mismo gobierno compró a un particular que fue beneficiado mediante el sobreprecio de la chatarra.

     En realidad, aquí se trata  no de una diferencia centesimal de cálculos sobre el valor de los bienes públicos, sino del cumplimiento de una obligación de funcionarios públicos, al que ya antes se han referido por separado  Lawrence Lowell en su obra L´opinion publique et le gouvernment  populaire y en la que Gastón Jeze afirma, en el sentido de que en toda democracia hay tres categorías de funcionarios: (1) los que realizan funciones que tienen por objeto proporcionar especialmente una dirección general política, según los deseos de la población media, o según su propia opinión, considerada como la opinión media de los habitantes, del hombre dela calle, después del debate contradictorio  y publicidad que suponen las elecciones; tales son las funciones de dirección general, de control, de vigilancia política; (2) las funciones que sobre todo tienen por objeto la aplicación de medios técnicos; y (3) las funciones que tienen especialmente por objeto dar a conocer, sobre un tópico particular, la opinión media de una categoría especial de individuos  (Cfr. Principios Generales del Derecho Administrativo. T II 1: La Noción del Servicio Público. Ed. Depalma, Buenos Aires, 1949, pp. 12-13).

     A estas alturas, cualquier actitud con respecto a la decisión que pretenda cambiar el significado de la dirección política confiada a Andrés Manuel López Obrador, durante las pasadas  elecciones en las que se sometió a escrutinio público la decisión de ejecutar la ley en el contexto de cumplir con ella en torno a su inobservancia sobre: dejar sin sanción ni castigo alguno al mandato conferido a Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción, a propósito de que en cualquier caso, el Jefe del Ejecutivo debe respetar y sujetarse al mandato recibido durante las elecciones, con respecto a las cuestiones del comportamiento de los funcionarios que sometió a votación popular. De tal manera que cualquier actitud diferente a la propuesta durante los comicios, constituiría una falta a lo sometido a escrutinio público.

     Y aquí no puede ponerse en duda que el ejercicio del poder o la acción gubernamental se guían  -como bien lo precisa Helio Jaguaribe- por el significado que tienen las premisas políticas que sirvieron de fundamento al gobierno; así como por la orientación y plataformas ideológicas del partido en el poder. Y en esta posición, el partido, a su vez, fue elegido y encargado de la responsabilidad del gobierno a causa de que ofrecía la formulación ideológica o programática más satisfactoria para los intereses y expectativas de la comunidad, y la garantía más firme de que sus acciones serían consistentes con su plataforma. Por su parte, estos intereses y expectativas deberán estar debidamente representados  en todas las organizaciones que ocupan el área intermedia  entre los intereses seccionales, profesionales y regionales- y las expectativas fundadas en los diferentes patrones de participación, por una parte, y los partidos políticos y el gobierno, por la otra.