El 30 de marzo fue el día internacional de las Tra-bajadoras del Hogar, quienes desde hace 31 años fundaron la Confe-deración Latinoameri-cana y del Caribe para visibilizar y combatir la discriminación de la que históricamente han sido víctimas en diversos ámbitos, particularmente en el laboral, y provocar así los cambios estructurales que se requieren para que se les reconozcan sus derechos.

En ese marco, y con el arranque del Programa Piloto para incorporar a las Trabajadoras del Hogar al Régimen Obligatorio del Seguro Social (IMSS), es oportuno profundizar en la reflexión sobre la deuda que el Estado y la sociedad mexicana tienen hacia quienes prestan sus servicios en los hogares.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, existen alrededor de 2.4 millones de trabajadoras del hogar remuneradas (90% son mujeres), de los cuales el 80% trabajan aproximadamente 32 horas a la semana sin acceso a protección social de ningún tipo.

Es hasta ahora que serían reconocidas por el Estado como sujetos a los que hay que garantizarles derechos laborales como servicio médico, guarderías para sus hijos y ahorro para el retiro. Este programa piloto es un indicador de la voluntad para poner atención a las condiciones de trabajo de este sector, cuyas labores se han visto desvalorizadas en un sistema de mercado que está permeado por una ideología de género, el cual relega a las mujeres a las actividades del cuidado y que ve a la remuneración como una dádiva.

En el estudio “El Descuido de los Cuidados” desarrollado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, se advierte que es necesario reconocer que “las actividades de cuidado generan bienestar a quienes reciben los cuidados, pero también generan un costo para quienes las realizan”.

En ese sentido, resulta hasta inhumano no garantizar como mínimo, su acceso a los servicios de salud. El mismo estudio apunta que al ser sus actividades cotidianas enfocadas al cuidado, las trabajadoras del hogar involucran esfuerzos no sólo físicos sino emocionales que resuelven las necesidades humanas de servicios y de afectos.

En otras palabras, en el mundo la-boral asalariado, las trabajadoras del hogar han sido colocadas “convenientemente” como “miembros de las familias para las que trabajan” y de quienes se puede exigir su tiempo para realizar actividades propias del hogar sin contratos de por medio y mucho menos, con garantías de ejercer sus derechos laborales.

Estamos hoy ante la histórica oportunidad de avanzar en el compromiso del Estado hacia este grupo vulnerable pero es imperativo que a nivel sociedad, avancemos también para desanquilosar las ideas que colocan a las trabajadoras domésticas en claras desventajas.

En ese sentido, el programa se presenta como una importante oportunidad para diseñar políticas públicas integrales y hacer reformas en la ley que “amplíen la idea de qué es la economía y qué es el trabajo, sin limitarse a mirar sólo aquellos que involucran flujos monetarios”, como acota el escritor y activista Pérez Orozco.

En Argentina, por ejemplo, el régimen especial de contratos de trabajo para personal de casas particulares, además del seguro por riesgos de trabajo, ratifica por ley derechos básicos de los que ya gozaban los demás trabajadores, como vacaciones pagadas o días de licencia.

Sin embargo y de acuerdo con la socióloga e investigadora argentina, Sol Minoldo, “la asociación entre el trabajo doméstico y el amor, donde se confunden lazos familiares y laborales, ha tenido un rol central para reproducir su tradicional informalidad, baja remuneración y dificultad del acceso a derechos laborales”.

Es pues también nuestra, la responsabilidad de reconocer al hogar como un espacio de contratación, generador de derechos. Sólo así, los empleadores se asumirán como sujetos obligados a proveer de los mismos a sus trabajadoras domésticas. El programa piloto para las trabajadoras del hogar es un primer paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer en la ruta para garantizar sus derechos laborales.

Twitter: @Ale_BarralesM