Nuevamente, la agenda educativa está en el centro del debate nacional. La relevancia de este tema es de enormes proporciones, por cuanto el proceso educativo busca edificar individuos autónomos, conscientes y responsables y, a través de ello, sociedades más justas, solidarias y democráticas. Podríamos afirmar, en ese sentido, que los horizontes de la educación definen, en gran medida, los contornos de la convivencia social en el marco de un Estado de Derecho.

Aunque existe consenso en la importancia que reviste este tema, los diferendos se encuentran en las diversas perspectivas que se han planteado para llevar a nuestro sistema educativo a mejores niveles de desarrollo que permitan garantizar el derecho a la educación de manera plena. Así, mientras a nivel internacional se ha colocado el acento en el asunto de la calidad educativa, las cuestiones de equidad e inclusión no pueden dejarse atrás.

Si bien la medición de resultados y la aplicación de evaluaciones diagnósticas son instrumentos valiosos para conocer los avances educativos en un país, también debemos ampliar el enfoque para considerar el impacto de elementos como el rezago social, los contextos culturales o, incluso, los aspectos emocionales de las personas en el proceso educativo. Al respecto, diversos datos indican que nuestro país enfrenta enormes retos. De acuerdo con informes oficiales del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 38.8% de las escuelas primarias están en zonas de alta marginación; sólo 71.5% de las primarias cuenta con techos de concreto y 16% de las escuelas prescolares no tienen energía eléctrica. Las condiciones de rezago son mayores en escuelas comunitarias e indígenas, pues 64% no cuentan con agua, 72% no tienen computadoras y 63% no cuentan con internet. ¿Cómo utilizar los mismos parámetros de evaluación en contextos sociales sumamente distintos?

Según el Panorama de la Educación 2018 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), "las grandes diferencias en el entorno de aprendizaje de las instituciones públicas y las privadas pueden representar un obstáculo para la equidad de los resultados educativos". No podría ser de otro modo, pues los resultados educativos de los alumnos y el desempeño profesional de los docentes dependen, en gran medida, de las condiciones de inclusión o rezago en las que se inserta su actividad.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto al derecho a la educación inclusiva, mismo que reconoce en principio que todo individuo posee características, capacidades y necesidades de aprendizaje particulares y, por lo tanto, antes que igualdad, exige equidad en el tratamiento educativo de los alumnos. Lo anterior pone énfasis en la obligación del Estado mexicano de "asegurar que las circunstancias personales o sociales, como el género, el origen étnico o la situación económica, no sean obstáculos que impidan acceder a la educación".

Por esa razón, el actual debate educativo debe nutrirse no solo de criterios para alcanzar la calidad educativa, sino para reducir las brechas de desigualdad entre zonas de marginación y regiones del país. Lo anterior debe aplicarse no solo a los alumnos sino a todos los integrantes de una comunidad escolar. La estrategia en materia educativa debe priorizar la creación de sinergias y no la segregación de alumnos, docentes o autoridades escolares según sus capacidades.

La educación incluyente nunca es perjudicial para una sociedad. La calidad educativa puede garantizarse mediante un trabajo más cooperativo que competitivo. Como el gran pedagogo Paulo Freire refería: "Ninguno ignora todo, ninguno lo sabe todo. Por eso aprendemos siempre".