Opinión Columna


Decadencia de los romanos


Publicación:18-04-2019
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No hay porque confundirse con la dirección política impuesta por López Obrador a la reforma educativa sobre la evaluación y sus sanciones al magisterio

Con motivo de la falta consenso entre el magisterio congregado en la CNTE-que es finalmente el destinatario de la ley- y la representación popular conformada en su mayoría por la alianza en favor del gobierno, Andrés Manuel López Obrador emitió un memorándum apara distinguirlo del decreto o de cualquier disposición reglamentaria. Por la que da instrucciones a sus subalternos de liquidar los sueldos adeudados a los maestros, liberar de cargos judiciales a los encausados e incorporarlos a las despedidos sus plazas de trabajo, en tanto se realizan las gestiones para concluir una reforma educativa que en manos del gobierno de Enrique Peña Nieto no tenía más finalidad que abrir el mercado del trabajo para despojar a los trabajadores de la educación de intervenir en el otorgamiento y distribución de plazas para alejar el temor de las clases acomodas de la animadversión en la formación los educandos en las zonas rurales, tal como sucedió con la apertura del gobierno para colocar a los desplazados de la iniciativa privada durante la larga etapa del estancamiento.


El problema es que es que las anteriores instrucciones dadas a Carlos Urzúa (SHCP) y a Esteban Moctezuma (SEP) en la explicación del porqué dejarán de aplicarse y con ello contribuir a un mejor ambiente de concordia para concluir una reforma educativa entre los destinatarios: maestros y educandos, y la función de educar a cargo del gobierno, ha suscitado la inútil e interesada confusión de las formas del lenguaje que ensombrecen el tránsito de las expectativas populares puestas de manifiesto durante los pasados comicios, que concluyeron por imponer de manera abrumadora la propuesta de Andrés Manuel López Obrador sometida a escrutinio público: de no dejar ni una coma en la reforma educativa impuesta por Peña Nieto y la Legislatura compuesta por su alianza de partidos al servicio de los intereses de aquél gobierno.


El ex ministro José Ramón Cossío Díaz expuso que el presidente de la República no tiene facultades para derogar o abrogar una ley y dejar sin efecto una ley, como la que contiene la reforma educativa donde se establecen los mecanismos de evaluación obligatoria de los maestros y sus sanciones., por lo que concluye el ex ministro que las decisiones dadas a conocer por López Obrador carían en el contexto de la ilegalidad y la inconstitucionalidad de los actos del presidente de la República a cumplir con la ley aprobada por el poder Legislativo.


El conflicto surgido por la dirección política impuesta Andrés Manuel López Obrador a la ejecución de la ley, en parte es una cuestión que ya ha sido abordada por José Álvarez Junco (Universidad de Madrid) que no admite confusión, debido a que la ejecución de la ley asumida por López Obrador cuenta con la legitimidad de la mayoría sometida a escrutinio: “El liberalismo defiende la división de poderes (Montesquieu); la democracia la juzga inútil (Rousseau); el liberalismo garantiza los derechos de las minorías; la democracia exige la sumisión a la mayoría; el liberalismo supone una primacía de la libertad sobre la igualdad y la democracia lo contrario. (…) la diferencia de ambos modos de entender la libertad siempre se ha reivindicado, la diferencia estriba en que el liberalismo los reivindicó solo para la burguesía, y la democracia para todos” (Prólogo a la obra de Benjamín Constant: Principios de Política).


El dilema de esta confusión ni siquiera se aproxima a una cuestión de oposición o adhesión que pudieran estar condicionadas por la clase de edad de los electores que por la familia espiritual. Pero la confusión de los términos que evocan al formalismo Rudolf Smend, en que lo sagrado es el derecho subjetivo y no el contenido ni la objetividad de los derechos en conflicto, y esto se da a un tiempo de manera peligrosa como lo ha hecho don José Ramón Cossío, mejor descrito por George Jellinek: “No sólo el legislador puede provocar semejantes alteraciones, también pueden producirse de modo efectivo mediante la práctica parlamentaria, la administrativa o gubernamental y la de los tribunales. Han de interpretarse las leyes y también las normas constitucionales, pero de modo subrepticio una ley constitucional puede adquirir poco a poco, un significado totalmente distinto al que tenía en el sistema jurídico originario” (Reforma y Mutación de la Constitución. Ed. Centro de Estudios Constitucionales).


Aquí no queda ninguna duda, la postura de José Ramón Cossío y de Miguel Carbonell es la de saber el alcance del voto para escoger a los legisladores, a los que se les encomendaría definir una fórmula del comportamiento humano para incorporarla al texto de una ley como obligatoria, responde a un concepto abstracto de la vida humana de manera general e impersonal, y esto es totalmente distinto al sufragio ciudadano para elegir al Jefe del ejecutivo, porque a éste último se le confiere la función de hacer ejecutar la ley, lo que supone darle una dirección política al problema de su cumplimiento con base en el parecer y el sentir de la mayoría, que no implica una forma obligatoria de comportarse, sino de asumir decisiones particulares, concretas e inmediatas cuando se trata de ejecutar y cumplir con la ley, dentro de una coyuntura en que el futuro de un país atraviesa la encrucijada de enfrentar la alternativa de escoger entre dos o más soluciones, cuyos sectores se aprovechan en el interés de causarse daño.


No hay porque confundirse con la dirección política impuesta por López Obrador a la reforma educativa sobre la evaluación y sus sanciones al magisterio.

En realidad la elección presidencial pasada legitimó desde entonces la decisión de atender el problema de la educación, del que ya hay un avance con el programa de becas para para recibir instrucción de aprendiz en las empresas y de ser recibido para su preparación en universidades rurales. La misión del pueblo es decidir qué dirección debe tomar y la misión del gobierno es ocuparse de los incidentes del camino. Ya se dejó bastante tiempo a los poderes definir el camino de la educación que ni siquiera da de comer al pueblo, como para agarrar la correntía de Jorge Ramos (Univisión), para rematar con Montesquieu: “…cuando el rehén era un príncipe de lejano parentesco, lo intimidaban y se servían de él para alentar sublevaciones de los pueblos” (Grandeza y decadencia de los romanos).



« Redacción »
Carlos Ponzio


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