Toda transformación presupone el reconocimiento sobre lo que busca cambiarse y la definición del horizonte a alcanzar. Para ello, es vital contar con una brújula que oriente el rumbo. La transición de la Procuraduría General de la República hacia una Fiscalía General (FGR) la requerirá.

Después de larga discusión pública, en meses recientes acontecieron hechos que detonaron la transición: la eliminación del pase automático para evitar al #FiscalCarnal, la publicación de la Ley Orgánica y la designación de Alejandro Gertz como primer Fiscal. Aun cuando las fechas clave están definidas en los transitorios de la Ley, el proceso integral se aprecia incierto.

Cabe recordar que México presenta una deuda en materia de justicia, que toca inevitablemente a la investigación y persecución de delitos. En un país donde 93.2% de los delitos no son denunciados, tanto por desconfianza en la autoridad como por la nula expectativa de resultados, no puede hablarse de justicia.

La transición de la Fiscalía es antecedida por dos tercios de las procuradurías locales, que han modificado su naturaleza para convertirse en fiscalías. Sin embargo, sus procesos —caracterizados por cambios estéticos que no transforman las reglas, formas de operación y mucho menos sus resultados— son aleccionadores sobre los riesgos que no deben tomar lugar en el nivel federal. No es casual que el índice de impunidad directa local ascienda a 87.3%.
Con la transición de la Fiscalía General se tiene la oportunidad de transformar el corazón de la justicia, pero el proceso no está exento de riesgos. El principal, que el ejercicio se reduzca a un efecto Lampedusa: cambiar todo en apariencia para mantener las cosas en su estado actual.

Ante el desafío, desde México Evalúa desarrollamos unos Lineamientos hacia la transición que buscan apoyar el trabajo conjunto. Éstos buscan servir de brújula, clarificar puntos de destino y riesgos potenciales. Los Lineamientos son una herramienta para la planeación. Algunos aspectos que ocupan el análisis, por no quedar resueltos en la Ley, son los siguientes:

• De la investigación criminal. La forma en que quedó prevista en la Ley podría resultar contraproducente para el modelo acusatorio, tanto por la ambigüedad respecto a la adscripción del personal de investigación como por su probable subordinación jerárquica ante los fiscales. Esto podría implicar su posible debilitamiento y afectaría la lógica de contrapesos entre operadores.

• Del despliegue territorial. Si bien se establecen criterios para su distribución geográfica, su lectura no impide que se replique el actual despliegue por delegaciones estatales —con sus conocidas deficiencias—, ni aseguran que las unidades cuenten con los recursos necesarios.

• De las coordinaciones. Éstas buscaban centralizar las políticas institucionales para regular los procesos torales; sin embargo, al atribuirles facultades sustantivas y administrativas podrían generarse problemáticas internas, haciendo que operen incluso como fiscalías. Por ejemplo, la Coordinación de investigación y persecución penal podría operar como una Fiscalía para Delincuencia Organizada.

• Del modelo de gestión. Se requiere establecer definiciones desde el Plan de Persecución Penal, tanto para mecanismos de denuncia como para privilegiar la atención de casos sensibles con soluciones de fondo, sin uso de figuras legales que a propósito de descongestionar busquen dar carpetazo a los casos.

Estamos a tiempo para que los riesgos sean oportunidades en la toma de decisiones. La transición a FGR debe ser uno de los espacios de mayor observación pública. Se trata de una responsabilidad compartida que no debemos dejar pasar.