La determinación del gobierno conformado por Andrés Manuel López Obrador de proceder al encausamiento Emilio Lozoya Austin por actos de corrupción que comprenden la actuación de la empresa Odebrechet y de otros, ha sacado a relucir otra vez el fenómeno de la modernización que ha tenido lugar en México desde Miguel Alemán, y en particular durante los gobiernos de Salinas de Gortari y los que le siguieron al amparo del pluralismo, la democracia y la alternancia  de partidos en el ejercicio del gobierno.

      A  este efecto Olga Pellicer de Brody y Esteban L. Mancilla se refieren, diciendo que: “…a pesar de los momentos del auge económico  logrado por el gobierno de Alemán, este había llegado a su fin acompañado de una sensación generalizada  de malestar. Diversos sectores dejaban oír sus críticas sobre dos resultados notoriamente negativos de  su política gubernamental: la inmoralidad de la administración pública y el deterioro que había sufrido el nivel de vida de las clases trabajadoras. Los grandes programas de inversión pública, la apertura de nuevas tierras de riego y el apoyo general a la industria  fueron acompañados de la abierta corrupción de funcionarios públicos  que llegaron al final del sexenio poseyendo inmensas fortunas  que aseguraron su paso, como grandes empresarios, al sector privado de la economía” (Historia de la revolución mexicana 1952-1960. t. 23. El entendimiento con los EU y la gestación del desarrollo estabilizador El Colegio de México, 1971).

     No se puede decir lo mismo de Carlos Salinas de Gortari (1988-94), ni de Ernesto Zedillo, pues el primero terminó su administración con una devaluación del peso del cien por ciento y la contratación de mayores créditos para saldar las deudas adquiridas con anterioridad con motivo de la suscripción del tratado de libre comercio, como quien cava pozos para tapar los agujeros causados a consecuencia de del agotamiento del fondo de reservas del Banco de México y el segundo pasó a ser consejero de la empresa en que se convirtió Ferrocarriles Nacionales de México después de su privatización. De los demás sólo puede decirse que continuaron la línea de las privatizaciones que permitieron a Salinas embolsarse la caja secreta de los gastos que podía gastar discrecionalmente sin dar cuentas a nadie, hasta la creación de diversos significados de actos administrativos  para seguir con las privatizaciones  de la energía al mejor postor sin concretar negocios que generaron un mundo de expectativas en potencia.

     En parte, la cuestión deriva de no saber distinguir cuando la mayoría –durante las elecciones- impone una dirección política en la elaboración de la ley o en su ejecución, lo cual se presenta con alguna frecuencia cuando en el desenvolvimiento de los pueblos  se cruzan dos o más caminos para atender sus problemas. En el caso de la elaboración de la ley no reviste mayor problema, porque ésta se apoya en una fórmula general del comportamiento humano aceptada por todos, como hoy se rechaza la aprobación legislativa  de  suprimir como delito grave la corrupción durante la gestión de Salinas de Gortari; situación que es muy distinta de la opinión que emitió la mayoría abrumadora  durante las elecciones de López Obrador, respecto a las pensiones de los adultos mayores y de  otros sectores desprotegidos entre los indígenas y los jóvenes sin  incorporar  al proceso productivo, que implica una reivindicación  de los que tienen que someterse a un orden injusto auspiciado  por quienes no contribuyan al sostenimiento del establecimiento público y al mismo tiempo reciben todos sus beneficios, ostentándose como funcionarios gobernantes.

     De aquella clasificación hecha por Lawrence Lowell en su obra L´opinion publique et le gouvernment  populaire y en la que Gastón Jeze se apoya para concluir que en toda democracia hay tres categorías de funcionarios, (1) los que realizan funciones que tienen por objeto proporcionar especialmente  una dirección general política, según los deseos de la población media, o según su propia opinión, considerada como la opinión media de los habitantes, del hombre dela calle, después del debate contradictorio  y publicidad que suponen las elecciones; tales son las funciones de dirección general, de control, de vigilancia política; 2.- funciones que sobre todo tienen por objeto la aplicación de medios técnicos; y 3º.-  funciones que tienen especialmente por objeto hacer conocer , sobre un tópico particular, la opinión media de una categoría especial de individuos  (Cfr. Principios Generales del Derecho Administrativo. T II 1: La Noción del Servicio Público. Ed. Depalma, Buenos Aires, 1949, pp. 12-13).

     Al lado de estas circunstancias en que la mayoría se expresó al dar su confianza a López Obrador para ejecutar la ley, y decidir hacia dónde quiere ir la mayoría, dejando a los órganos del gobierno ocuparse de la ruta que habrá de seguirse, habrá que saber si el contenido de la ley de Salinas que le aprobó la alianza de partidos para suprimir la corrupción como delito grave, tiene por fundamento ser el producto de la razón cultural de los mexicanos y su afición por la sumisión,  no del capricho presidencial que vio en el saqueo del agotamiento del fondo de reservas de Banxico el simple error de diciembre y la supresión legislativa hecha por la alianza gubernamental entre el PRI y Acción Nacional para eliminar la corrupción como delito grave, son muestras inequívocas de que conscientemente Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos y la alianza gubernamental deformaron, y actuaron como instrumentos de distorsión y violación de la opinión ciudadana en que se apoyó antes el régimen, hasta que pareció común y corriente convivir con la corrupción sin castigarse y dejar luego al país en la quiebra.

     Conforme a la clasificación de funcionarios elaborada por Lawrence Lowell puede concluirse que ningún servidor ejerce un poder que le pertenezca exclusivamente; por lo cual no es un derecho, sino un deber, y sus faltas deben castigarse, máxime en todos los casos se trata de una distorsión  del hombre medio de la calle que impone una dirección política a los funcionarios encargados de elaborar la ley con base en la razón de la población que nunca aspira a tomar decisiones que le perjudiquen. La decisión de desplazar de los centros de mando a los que no contribuyen al sostenimiento del gobierno, deja un tanto fuera de contexto al diablo Fernández, no tanto porque deba regresar lo que dejó de entregar a la tesorería de nación, sino porque es inexplicable regresar el doble y financiar la campaña contra la continuidad del hombre medio de la calle.