Como si estuviera el horno para bollos, el justiciero gobierno de la 4T, impulsor de consultas de kermés, dispone cancelar la construcción de la obra más ambiciosa —con todos los permisos y obligaciones legales— que aceleraría el desarrollo económico de Mexicali, Baja California, la planta cervecera de Constellation Brands, presupuestada con una inversión de mil 500 millones de dólares, de los cuales ya se erogaron 900, es decir, el 60 por ciento. El motivo –más bien, el pretexto- de dicha suspensión es el desabasto de agua, la preocupación por el uso racional y la protección por el derecho humano al agua. El hecho es que la planta utilizaría exclusivamente 5.8 millones de metros cúbicos anuales, el 0.2% del agua disponible en el valle de Mexicali, con el compromiso de invertir en infraestructura para tener una huella hídrica neutra. Aun no cicatriza la cancelación de la también avanzada construcción del aeropuerto en Texcoco, cuando el gobierno dispone acomodarle otra patada en el trasero a la inversión privada. ¿Cuánto costará de nuestros impuestos la indemnización a Constellation Brands por los 900 millones de dólares más gastos, costas, perjuicios y costo político? ¿Cuál será la reacción que podríamos esperar de los cautelosos dueños del dinero con respecto a futuras oportunidades de inversión en México? ¿Se puede confiar en el régimen de derecho que impera en nuestro país?

Ahuyentar la inversión hacia nuestra nación es un lujo no aconsejable incluso en épocas de bonanza, cuantimás cuando la misma disminuyó 4.9% en 2019, lapso en que el PIB se contrajo a un negativo de 0.1%, coyuntura en plena recesión en que principalmente por efecto del coronavirus nuestra moneda se ha devaluado drásticamente, el precio del petróleo se ha desplomado, el turismo ha decaido, la bolsa en sensible baja, las remesas disminuyen, todo en un pronóstico de caída del PIB en 2020 en un rango negativo de hasta el 4.5 por ciento.

Carlos Salazar, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, desde su arribo al cargo se granjeó una especial empatía directa con el presidente López Obrador —quien lo presenta como su amigo—, resaltando en cada oportunidad las semejanzas entre el sector empresarial con el gobierno. Si algún aliado ha tenido AMLO entre la cúpula de los capitanes de empresa ha sido Carlos Salazar. Por esto mismo, hemos de leer con atención las declaraciones de Salazar con respecto al asunto de Constellation Brands. Afirma el líder empresarial que se trata de una decisión arbitraria, autoritaria y unilateral, violatoria del TLCAN y del futuro T-MEC. Se trata de una señal de que aquí no se respeta la ley y no existen garantías para los inversionistas, generadores de empleos y del desarrollo del país. "En un contexto internacional de crisis en el que necesitamos más que nunca de la inversión privada, el daño generado al futuro de nuestra economía es incalculable".

López Obrador se conduce como absoluto dueño del balón, sin advertir que la economía va en picada y el reto es congregar la confianza del inversionista global. De poco ayudan las sonoras advertencias de que ya no es como antes, de que nada de rescates al estilo del periodo neoliberal, de confiar en que la gente nos va a ayudar, el pueblo va a proteger al pueblo, va a curarlo, en su momento. Hasta ahora no ha habido quien derrote a la ciencia, a las matemáticas o a las leyes económicas.

Coincidimos en que primero los pobres, lo cual no debe excluir a quienes propician fuentes de trabajo.

La unión hace la fuerza.