Opinión Editorial


Conciliar intereses contrapuestos


Publicación:30-04-2020
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“Las leyes constitucionales suelen rodearse de garantías específicas para asegurar su inquebrantabilidad"

                                                      

     Escribía Frederic W. Maitland que: “…quienes confían  en la buena fe del público reciben sus rentas oportunamente  -y en México hay que recordar que las declaraciones de impuestos son manifestaciones  unilaterales y se entienden de buena fe-  aunque no tengamos una teoría clara sobre sobre la relación existente entre el sujeto pasivo-el Público-  que les debe dinero, y ese sujeto activo: la Corona, al que le pagan sus impuestos. Posiblemente la Corona y el Público  sean recíprocamente trustees o fiduciarios el uno del otro (y en ello no hay diferencia entre el Público, el Estado y la Corona, pues no hemos apreciado la obra del trust hasta ahora que estamos abandonando el ámbito de la Jurisprudencia para en entrar en el de la teoría política y constitucional.  En el curso del s. XVIII, la frase todo poder político es un trust se convirtió en el lugar común parlamentario…esta teoría aflojó nuestra forma de gobierno, que el derecho divino y la religión del Estado habían tensado hasta casi romperla. Era más fácil e inglés hacer del rey fiduciario de su pueblo que llamarlo dignatario. Ello permitía  sugerir la idea de un deber exigible, pero más como  cuestión de conciencia que de derecho estricto…hay muchos trusts que van desde los que confieren los más amplios poderes discrecionales a los que constituyen los más desnudos de los nudos derechos y los más improductivos de los patrimonios inmobiliarios. Mucho ha sucedido tras la idea de del fideicomiso” (Cfr.. Introducción a la obra de Otto Von Gierke: Hist.  de las ideas políticas de la edad media,  pp. 37 y 38 ).

     Por eso la relación histórica entre el abuelo de Santiago Creel (PAN), durante el gobierno de Vicente Fox y la creación del fideicomiso, como institución en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y la creación de la Ley Federal del Trabajo hasta 1931, a pesar de ser la asociación de los trabajadores una de las causas del descontento social, dando lugar al surgimiento del corporativismo sindical que precipitó luego a la condena de los trabajadores a su indefensión política, desde la gestión de Carlos Salinas de Gortari, al concentrar el poder en México en manos de los negocios de la banca vuelta a privatizar y  salvarla  luego de la negligencia gubernamental de  desestabilizar al país para favorecer la reelección de Salinas, sin practicar la devaluación del peso, habiendo sido los crímenes políticos de Luis Donaldo Colosio, su reemplazo como candidato oficial a la presidencia de la República y el crimen sucesivo de Francisco Ruíz Massieu para impedir su infiltración en los nuevos cuadros del gobierno,  la causa del agotamiento del fondo de reservas del Banco de México que desencadenó una devaluación del cien por ciento y la contratación de más créditos para saldar las deudas nuevas, cuya dimensión económica Ernesto Zedillo (1994-2000) ignoraba, según manifestó.

     Para entender mejor lo ocurrido, siempre habrá que tener presente lo escrito por George Jellinek:

     “Las leyes constitucionales suelen rodearse de garantías específicas para asegurar su inquebrantabilidad…protegiéndolas contra modificaciones precipitadas. Solamente donde se dan semejantes formas puede hablarse propiamente  de leyes constitucionales en sentido jurídico.  Cuando faltan tales garantías, estas leyes no se distinguen en nada, según el  derecho constitucional, de las otras…No obstante , los límites de la Constitución, como los de la ley,  son siempre inciertos  y no hay ninguna garantía  de que leyes que pretenden  basarse en la Constitución no la contravengan  a pesar de todo, produciendo así un cambio de la Constitución que no la querían  o no la pretendían explícitamente. Los preceptos constitucionales a menudo son oscuros o extensos y sólo el legislador les da sentido preciso mediante leyes que las concretan de modo muy parejo a como el juez, primero, toma conciencia clara del contenido de las leyes que ha de aplicar. Así como por lo general la aplicación jurisprudencial de los textos legales vigentes se sujeta a las necesidades y opiniones variables de los hombres, lo mismo ocurre con el legislador, cuando interpreta mediante leyes ordinarias la Constitución. Lo que parece en un tiempo inconstitucional emerge más tarde conforme a la Constitución y así la constitución sufre mediante el cambio de su interpretación, una mutación” (Reforma y mutación de la Constitución,  cap. III).

     Pero para entender mejor la fuente de las confusiones que coloca en el pedestal de la ignominia está el hecho de retornar a jueces y tribunales , desde aberraciones carentes de principios, al camino recto pero angosto del derecho romano exponente del individualismo en su máxima expresión, hasta el extremo en que el principio de disposición  por el que se deja librada a las partes la disponibilidad de sus intereses materiales  en el proceso, se conjuga con la unión artificial de personas en función de la copropiedad, siendo incapaz de querer obrar, si no es, sino a consecuencia del permiso del Estado. Lo que hace a estas agrupaciones artificiales con el poder de disponer de sus derechos, haciéndolos extensivos a otras agrupaciones como los partidos políticos en la formación de la voluntad nacional y en el proceso de formación de la ley que obliga y somete a todos por igual, sin gozar de las ventajas discrecionales que el príncipe concede para el ejercicio del derecho de la asociación de sus ciudadanos.

     Semejante derecho de disposición que tienen los partidos políticos como cualquier otra corporación que pueden ejercer por abandono expreso o por deserción, cuando juzgan que sólo se halla  en juego el interés de las partes o cuando convienen arreglos con otros, es lo que al lado de la figura de la representación ha servido para favorecer la formación de partidos facciosos, como resultado de la pérdida de la jerarquización de las necesidades más sentidas de la población y de conciliar intereses contrapuestos sin sobresaltos, ni concesiones ventajosas. 



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Carlos Ponzio Elizondo

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