El pasado viernes, las Comisiones Unidas de Justicia; Salud y Estudios Legislativos, Segunda, discutieron y expresaron su intención de voto sobre el dictamen a la Ley Federal para la Regulación de Cannabis, mismo que deberá ser discutido y aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión antes del 15 de diciembre de este año. Y si bien esta fecha límite obedece a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia, lo cierto es que México está urgido de un cambio de paradigma en el entendimiento y la concepción sobre cómo regular tanto el cannabis como otras sustancias cuya producción, comercialización y consumo han sido motivo de prohibicionismo y estigmatizaciones.

El dictamen recién discutido conjuga las opiniones de más de dos mil personas —especialistas, de organizaciones de la sociedad civil, del empresariado, del ámbito académico, consumidoras y público en general— que acudieron al proceso de Parlamento abierto, a las mesas de discusión, simposios, conferencias y foros especializados.

El dictamen resuelve de manera íntegra el mandato de la Corte y, si es aprobado, creará un marco legal que, además de despenalizar el consumo de cannabis para personas usuarias, promoverá el desarrollo de la industria de las modalidades psicoactiva y no psicoactiva para fines industriales, personales y de uso adulto. En este sentido, se regularía su almacenamiento, aprovechamiento, comercialización, consumo, cosecha, cultivo, distribución, exportación, importación, investigación, patrocinio, posesión, preparación, transformación, transporte, suministro, venta y adquisición. Con esto, México da un paso importante para aprovechar ventajas comparativas que pueden fortalecer las condiciones comerciales actuales.

Es importante mencionar que la parte medicinal ha sido eliminada del dictamen, tomando en consideración que las reformas en la materia fueron aprobadas desde 2017 y que la regulación secundaria está pendiente de publicación.

Al tratarse de un tema tan complejo y trascendental, es de esperarse que en el camino se encuentren resistencias. Uno de los argumentos que hasta el momento se han esgrimido en contra del dictamen es que su aprobación facilitaría la adquisición de productos derivados del cannabis a cualquier persona, incluidas las menores. Esto es erróneo, ya que las regulaciones definirán con claridad las reglas de comercialización, permitiendo así que el Estado cuente con mejores datos sobre los niveles de consumo, mientras que se protegerá y desincentivará el uso de estos productos por parte de quienes no son mayores de edad.

Precisamente, una de las ventajas de haber postergado este debate en nuestro país es que ahora la experiencia internacional que aportan los procesos de regularización de distintas actividades relacionadas con el cannabis en Uruguay, Canadá y Estados Unidos sirven como ejemplos de las probables consecuencias que se deben prever y solventar en el caso mexicano.

Resulta paradójico que quienes en nuestro país aplauden cómo se ha regulado el mercado del cannabis en otras latitudes, se opongan a que el dictamen sea aprobado aquí.

Con la aprobación en comisiones del dictamen a la Ley Federal para la Regulación de Cannabis, nuestro país da un paso más en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de salud, seguridad, derechos humanos y combate a la delincuencia organizada. Cada uno de estos puntos son pilares en los que se basa la nueva estrategia de seguridad ciudadana, así como el ideal de garantizar bienestar a las familias mexicanas.

Más allá de los estigmas y los prejuicios, el Poder Legislativo tiene la oportunidad histórica de regular el uso del cannabis dentro del marco normativo mexicano, para permitir un mejor control en la salud de las y los usuarios, la emancipación de las actividades del crimen organizado y el aprovechamiento de sus amplios beneficios para la sociedad. Sin duda, se trata de un momento trascendental en la vida pública del país.

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