Lo que podría llamarse la "ley de hierro de los partidos", implica que éstos, cuando están en la oposición, defienden y pugnan por la democracia, pues ésta les beneficia, pues garantiza que se les respete sus derechos básicos (incluyendo su misma existencia), y mantiene la puerta abierta de acceso al poder. En cambio, esos mismos partidos cuando forman gobierno, ven con recelo la misma dinámica democrática (pese a mantener su exaltación en el discurso), pues les pone límites, genera contrapesos, y ayuda a sus opositores. De ahí que sea frecuente ver a partidos empeñados en la democratización cuando son opositores, y desmontar tantos dispositivos democráticos como pueden desde el poder. Para los partidos, la democracia es un medio para acceder al poder, pero no un fin en sí mismo. Y sabemos que la democracia no termina por funcionar adecuadamente si sus protagonistas (los partidos, políticos pero también ciudadanos) no tienen un compromiso claro con la democracia.

Hoy en México, entre los dos grandes bandos producto de la polarización, no hay debate racional y sensato, sino acusaciones mutuas, con o sin fundamento, y el intercambio de ideas (e insultos). Es más un diálogo de sordos que un debate civilizado. Parte de ese pleito consiste en que cada bando descalifica como antidemócrata al contrario, a veces con algún sustento, pero no siempre. Respecto a AMLO y sus seguidores, muchos analistas temían que desde el poder no sería propiamente un demócrata, a partir de la descalificación que hacía de "sus" instituciones (las de la mafia) y porque no aceptaba los resultados de la democracia cuando no le favorecían. Decían que de contar con amplias mayorías legislativas —como las obtuvo—, las usaría para minar en lo posible los contrapesos democráticos, favorecer desde el poder a su partido y subordinar a las instituciones autónomas y órganos de control público. ¿Qué tanto dicha prospección se ha cumplido? Pues en buena parte, cuando vemos cómo casi todos los cargos para otros poderes (la Corte), instituciones autónomas y órganos de control son gente cercana y leal al presidente, ya ni si quiera bajo las cuotas de partido (pues con la mayoría que dispone AMLO no es necesario repartir el pastel entre varios). Y eso mina la autonomía y los contrapesos de la democracia. Y se ha denunciado cómo los programas sociales están emparentados con el partido oficial, y podrán ser utilizados electoralmente (una investigación recomendable sobre ello es el de Rafael Hernández Estrada, Servidores de la Nación, 2019).

Del otro lado, el obradorismo acusa a sus adversarios de antidemócratas y golpistas. Sin duda hay sectores radicales antiobradoristas que expresan su deseo de que AMLO salga del poder cuanto antes y como sea. Por otro lado, el obradorismo mete en ese mismo costal a todos los críticos, disidentes y opositores a la autodenominada "4T". Por oponerse a los proyectos liberadores y justos de AMLO, son antidemócratas, golpistas blandos que preparan el terreno para un golpe duro. Pero varias expresiones y estrategias de críticos y opositores están contemplados en las reglas y prácticas mismas de la democracia. Así, lo que antes era propio de la libre expresión ("Fuera Peña") ahora es catalogado como golpismo. El problema es que se genera un círculo según el cual, cuando una fuerza política considera que su rival se pasa por encima las reglas democráticas, se siente facultado para hacerlo también.

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