En la habitual rueda de prensa que diariamente mantiene Andrés Manuel López Obrador con los medios de comunicación en Palacio Nacional, el día de ayer, Nancy Rodríguez (Oro Sólido en Redes) cuestionó al presidente de la República diciendo: “En este combate a la corrupción, señor Presidente, me gustaría tocarle el problema de los criminales monopolios, pero como son muchos quisiera concentrarme en uno: el de la venta, distribución y comercialización del huevo y del pollo. En 2008, 2009 con el pretexto de la gripe aviar se aumentaron los precios de este producto, encabezándolo una de las empresas: Bachoco, entre otras de la familia Bours, en Sonora, y desde entonces se les impusieron como castigo la concesión de prácticas monopólicas. El precio de estos productos nunca bajó. Cómo ponerles alto a estos monopolios, cuando la secretaría de Economía (bajo el mando de Ildefonso Guajardo) se mantuvo al margen, y supuestamente hay un órgano regulador: la Comisión Federal de Competencia Económica, en tanto siguen subiendo los precios y los mexicanos y sus hijos han dejado de comer huevo, pollo y carne por estas alzas que ni siquiera responden a los mercados”.

La pregunta encierra un largo y complejo proceso social del devenir histórico de México, que arranca durante la atapa de inestabilidad cambiaria con una inflación del 180 por ciento anual, auspiciada por el desbordamiento de gasto presupuestal llevado a cabo por la renovación moral del país de Miguel de la Madrid, teniendo a Carlos Salinas de Gortari al frente de la Secretaría de Programación y Presupuesto y la conducción de los Pactos entre los sectores dinámicos del país que hicieron cohabitar en amasiato y en un mismo lecho a la banca privada, a los sindicatos empresariales y de los trabajadores en compañía del gobierno, para imponer un riguroso control de precios, salarios y alquileres, como mejor muestra acabada de una serie de reformas legislativas, que se impusieron prácticamente con la Encíclica Rerum Novarum.

Y “que se derivan lógicamente del Plan, que comprendían en particular los salarios mínimos, la reducción progresiva de la jornada del trabajo, las vacaciones pagadas y la organización de la higiene, de la habitación y de los descansos de los trabajadores. Entre lo que se sugería, estaba también el que los trabajadores fuesen dotados de los medios para defender prácticamente sus derechos, creándose para ello un estatuto sindical completo, la obligación legal de los contratos colectivos y una jurisdicción profesional, en todos los grados, basada en la conciliación y el arbitraje obligatorios. (…) De esta suerte iría tomando forma el corporativismo de asociación que tanto han deseado los católicos sociales y que encontró magnífica expresión, en 1931, en la Encíclica Quadragesimo Anno (Cfr. Leroy Jay. Libertad, Economía y Política, ed. Jus).

Al lado de estas circunstancias, el cuestionamiento sobre el comportamiento de los precios monopólicos sin regulación, Andrés Manuel López Obrador respondió en el contexto institucional: “Lo mejor está en la competencia, esa es la mejor forma, incluso mejor que la regulación. Entre más competencia mejor; entre menos monopolios, mejor. Eso es lo que proponemos. Es mi particular punto de vista: el que se vayan creando cada vez más condiciones para que se compita más. Veamos que la Secretaría de Economía tome nota y dé una respuesta a tu planteamiento. Si regresamos a la Constitución están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, en el artículo 28 de la Constitución Política de México”.

En realidad, el significado que tiene la competencia entre iguales, que actúan en un mismo plano y en igualdad de circunstancias, le da una fuente de legitimación a las iniciativas en el terreno de la inversión sin la protección del gobierno, ni con la disposición de información privilegiada para favorecer la toma de decisiones; que llevado al terreno de la toma de decisiones políticas, cuando es sincera y leal la competencia, le da una fuente de sustentación popular a la democracia. No se equivoca Andrés Manuel López Obrador cuando se expresa así de la competencia de iniciativas. El conflicto surge cuando a todos los empleados de la Comisión Federal de Competencia Económica colocándolos en un plano de igualdad para decidir objetivamente cuestiones técnicas que suponen la confrontación de la ciencia y la técnica, sólo a los amigos y a los socios en los negocios los convierte ilegalmente en colaboradores de confianza con privilegios, faltando al principio de que todos son de confianza y que son susceptibles de removerse sin derecho alguno, incluso de castigarse cuando no se prestan al enjuague de Alejandra Palacios Prieto para sacarles dinero a denunciados de prácticas monopólicas en la práctica de la banca con opiniones periciales contradictorias, que incluso oscurecen al poder Judicial Federal al asomo de que la COFECE es un órgano constitucional autónomo, sin precisarse de dónde tomó ese poder que sólo la elección de funcionarios concede.

De mi parte, perdono a Juan Manuel Espino Bravo (Director de Estudios Económicos) y a los incondicionales a su servicio cuando sustrajeron un par de mis audífonos y el dinero con el qué pensaba adquirir los libros del Centro de Estudios Económicos Políticos y Sociales del Ministerio de Justicia de España que hojearon sus achichincles dada la política de puertas abiertas, y que Cuberto Arteaga Santiago, extraviado en la teoría de la Argumentación Jurídica, practica la incongruencia de que nadie sepa con qué ley se le va a juzgar, haciendo alarde del malabarismo femenino con que se luce Adriana Reyes Méndez como titular de quejas para dar el giro de víctima a condenado, todo bajo la supervisión del Secretario Técnico Fidel Gerardo Sierra Aranda quien se exhibe como autor intelectual de la delincuencia organizada por “Jana” con sus pobres alcances morales.