En el Siglo XIX, en México se vivió una lucha por la abolición de fueros y privilegios. En la llamada Ley Juárez se concentró la idea de eliminar los fueros eclesiásticos y militares en materia civil. Fue una lucha histórica.

Hoy, en el siglo XXI, hay una nueva batalla contra fueros y privilegios. Sus contenidos son distintos, de acuerdo a las realidades de nuestro tiempo, pero el objetivo es muy similar. Se trata de que no haya castas privilegiadas.

La sociedad mexicana ha expresado críticas muy fuertes a los privilegios de la clase política. En buena medida, el resultado electoral del 1 de julio de 2018 tiene que ver con esta gran demanda ciudadana.

El nuevo sexenio comenzó precisamente tomando decisiones administrativas para desmontar las prerrogativas indebidas de las que gozaban los miembros connotados de la élite política.

La Austeridad Republicana, al racionalizar el gasto, evita que el dinero público se vaya en lujos como bonos, altísimos sueldos, viajes, seguros médicos privados, etcétera.

La aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que se encuentra en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se inscribe en esta lucha, pues tiene el objetivo de evitar que en las altas esferas de la administración se asignen salarios estratosféricos, que contrastan con los bajísimos sueldos de la mayoría.

Si bien el combate a los privilegios emprendido desde el Ejecutivo y el Legislativo ha enfrentado ciertas resistencias, también es cierto que gracias a estas medidas la aprobación del Presidente no ha dejado de subir y el Legislativo ha logrado reposicionar su imagen ante la ciudadanía.

En el caso del fuero y la inmunidad, debemos distinguir dos grandes apartados. Uno de esos tiene que ver con el fuero de los legisladores que, se supone, teóricamente, debe proteger el derecho de éstos a expresar sus opiniones sin ser reconvenidos por autoridad alguna.

Sin embargo, debe reconocerse que esta protección a las opiniones inviolables de los legisladores se ha venido distorsionando para convertirse en una suerte de impunidad alrededor de actos violatorios a la ley que puedan cometer los propios legisladores.

El otro gran tema de este debate tiene que ver con la inmunidad presidencial. En este caso se trata de algo todavía más profundo. Actualmente el Presidente no puede ser juzgado. Solamente podría ser alcanzado por traición a la patria o delitos graves. Pero en el debate que existe en el país, también se está planteando la posibilidad de que el presidente pueda ser juzgado por corrupción o por fraude electoral, por poner unos ejemplos.

No obstante, hay que aceptar que tal como está, el fuero no ha servido para proteger la libertad ideológica o la libre acción política de quienes ostentan un cargo de elección popular. Ahí está el desafuero que se aplicó a Andrés Manuel López Obrador cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por discrepar con las decisiones del entonces Presidente de la República.

Es decir, el fuero en los hechos no es una institución jurídica que proteja la democracia. Antes bien, forma parte de un sistema de jerarquías intocables.

Suprimirlo implicaría entonces ciudadanizar el poder, humanizar a quienes en México ejercen cargos de elección popular y obligar a los gobernantes a cumplir y conducirse de manera honesta y ética.