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"Daño irreparable", desaparecer fideicomisos de protección
Publicación:19-10-2020
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Se podría generar un "daño irreparable" a sus vidas.
CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes de la comisión de Derechos Humanos en el Senado
de la República opinaron que si se desaparecen los fideicomisos para protección a periodistas, defensores de Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se podría generar un "daño irreparable" a sus vidas.
En el documento de opinión que elaboró la presidenta de la comisión, Kenia López Rabadán (PAN), en el marco de la discusión de la minuta para extinguir 109 fideicomisos y fondos públicos que se discutirá este lunes en el Senado, argumentó que no hay informes para determinar si los fideicomisos funcionan o no, además de que es necesario contar con recursos para atender a un número imprevisto de víctimas anuales que se acerquen a estos mecanismos.
"No se cuenta con el informe que permita dilucidar qué fideicomisos cumplen con su función y cuáles no. Por lo que se recomienda que en tanto no exista el diagnóstico señalado, no se extingan los fideicomisos a estudio. Lo anterior, ya que podría generarse un daño irreparable en la vida e integridad de los beneficiarios", refirió.
"El número de beneficiarios y medidas a implementar en ambos fideicomisos no son predecibles, por lo que resulta idóneo que no estén sujetos a reglas anuales en el ejercicio del gasto. Asimismo, deben contar con un instrumento financiero que les permita reaccionar de forma inmediata ante eventos no planeados de violaciones de derechos humanos", agregó.
El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de la Ley General de Víctimas, cuenta con un patrimonio de 456 millones de pesos, se ejercieron recursos por 239.2 millones de pesos en favor de 432 víctimas de delitos del orden federal y víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales.
En el caso del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de 2013 a 2019, se presentaron 800 solicitudes de incorporación al Mecanismo; 336 de personas defensoras de derechos humanos y 464 de periodistas.
Se admitieron a 279 personas defensoras, lo que representa el 83% y 86% corresponde a 399 periodistas. De 2012 a 2019, se beneficiaron en total 1209 defensores y periodistas.
Los legisladores argumentaron que si la minuta señala que los derechos y obligaciones derivados de los instrumentos que se extinguen serán asumidos por los ejecutores del gasto con cargo a su presupuesto autorizado, es cierto que no existe certeza sobre la disponibilidad presupuestal para hacerlo.
"Se observa que no existe en la minuta un mandamiento legal que permita asegurar que los recursos con que actualmente cuentan los fideicomisos vayan a ser devueltos para poder cumplir con los objetivos planteados en las Leyes de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de Víctimas.
"Asimismo, tampoco se establece que, en primer lugar, se vayan a cubrir las obligaciones que ya se encuentran contraídas con cargo a dichos instrumentos financieros, por lo que podría generarse incumplimiento en los compromisos adquiridos", indicaron.
En el caso de la Ley de Víctimas, se elimina la prohibición de que los recursos previstos expresamente para la atención de víctimas puedan ser disminuidos o destinados a otros rubros.
En el documento de opinión que elaboró la presidenta de la comisión, Kenia López Rabadán (PAN), en el marco de la discusión de la minuta para extinguir 109 fideicomisos y fondos públicos que se discutirá este lunes en el Senado, argumentó que no hay informes para determinar si los fideicomisos funcionan o no, además de que es necesario contar con recursos para atender a un número imprevisto de víctimas anuales que se acerquen a estos mecanismos.
"No se cuenta con el informe que permita dilucidar qué fideicomisos cumplen con su función y cuáles no. Por lo que se recomienda que en tanto no exista el diagnóstico señalado, no se extingan los fideicomisos a estudio. Lo anterior, ya que podría generarse un daño irreparable en la vida e integridad de los beneficiarios", refirió.
"El número de beneficiarios y medidas a implementar en ambos fideicomisos no son predecibles, por lo que resulta idóneo que no estén sujetos a reglas anuales en el ejercicio del gasto. Asimismo, deben contar con un instrumento financiero que les permita reaccionar de forma inmediata ante eventos no planeados de violaciones de derechos humanos", agregó.
El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de la Ley General de Víctimas, cuenta con un patrimonio de 456 millones de pesos, se ejercieron recursos por 239.2 millones de pesos en favor de 432 víctimas de delitos del orden federal y víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales.
En el caso del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de 2013 a 2019, se presentaron 800 solicitudes de incorporación al Mecanismo; 336 de personas defensoras de derechos humanos y 464 de periodistas.
Se admitieron a 279 personas defensoras, lo que representa el 83% y 86% corresponde a 399 periodistas. De 2012 a 2019, se beneficiaron en total 1209 defensores y periodistas.
Los legisladores argumentaron que si la minuta señala que los derechos y obligaciones derivados de los instrumentos que se extinguen serán asumidos por los ejecutores del gasto con cargo a su presupuesto autorizado, es cierto que no existe certeza sobre la disponibilidad presupuestal para hacerlo.
"Se observa que no existe en la minuta un mandamiento legal que permita asegurar que los recursos con que actualmente cuentan los fideicomisos vayan a ser devueltos para poder cumplir con los objetivos planteados en las Leyes de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de Víctimas.
"Asimismo, tampoco se establece que, en primer lugar, se vayan a cubrir las obligaciones que ya se encuentran contraídas con cargo a dichos instrumentos financieros, por lo que podría generarse incumplimiento en los compromisos adquiridos", indicaron.
En el caso de la Ley de Víctimas, se elimina la prohibición de que los recursos previstos expresamente para la atención de víctimas puedan ser disminuidos o destinados a otros rubros.
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