Vuelven aprobar Ley de Hacienda vetada por el gobernador

Por segunda ocasión, el Congreso Local aprobó la Ley de Hacienda del Estado con el que establece que el titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria (SAT) deberá ser ratificado por los diputados.

Esta iniciativa fue la que el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda veto el pasado 28 de noviembre argumentando que era una invasión de poderes que generaba falta de certidumbre el proceso de elección del titular de la SAT.

Los legisladores de las bancadas mayoritarias PAN y PRI, junto con la independiente rechazaron las observaciones emitidas por el ejecutivo y aprobaron de nuevo la iniciativa tal cual lo habían avalado en la primera ocasión.

“La 76 Legislatura del Congreso del Estado tiene por recibidas en tiempo y forma las observaciones realizadas al Decreto 263 que contiene iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León presentadas por el Gobernador”, se establece en el dictamen.

“Con fundamento en el artículo 90 de la Constitución no se aceptan las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo y se confirma el Decreto 263 que contiene reformas a Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León”.

Contrario a lo que ocurrió la primera vez en que se avaló el dictamen, en esta ocasión si se contó con la presencia de los legisladores de Movimiento Ciudadano quienes se inconformaron con al proceso de votación, argumentando que la vía virtual no era totalmente confiable.

“Si quieren al paso que vamos también el Congreso que elija al Gobernador y a su gabinete, esto es no puede ser posible”, expresó la diputada Irais Reyes de la Torre.

“Quieren tomar el SAT, porque les incomoda que vaya contra las factureras, los corruptos... lo que quieren es impunidad, que el SAT deje de incomodar a la clase política y sus empresas factureras, por eso quieren seguir desviando dinero, siendo evasores fiscales”.

Javier Caballero, Diputado local del PRI, dijo que con la reforma se fortalecía la división de Poderes y que simplemente implicaba trasladar a nivel local lo que ya se establecía en la Constitución federal, por lo que era procedente superar las observaciones hechas por el Ejecutivo.(JMD)