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Urge respetar la Constitución

Urge respetar la Constitución
Felipe de la Mata

Publicación:03-03-2020
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Por un mejor país, el Magistrado Felipe de la Mata propone la desaparición de la Constitución, de la calumnia electoral en relación con la labor periodística.

Al dialogar sobre "La libertad de expresión y su importancia en los procesos democráticos", el jurista dijo que Tribunal Electoral ha ampliado la libertad de expresión y protegido la libertad de prensa.

Así es que el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, consideró que el concepto de calumnia electoral no ha abonado al debate político o a la desaparición de las campañas negras, pero sí ha incentivado la limitación periodística, por lo que debe desaparecer de la Constitución a través de una reforma.

El magistrado inició los trabajos formales de la Semana de la Escuela Judicial Electoral (EJE), del TEPJF, en la Universidad Panamericana, con la conferencia magistral: "La libertad de expresión y su importancia en los procesos democráticos".

Durante la conferencia, el magistrado mencionó que la libertad de expresión y la libertad de periodismo se tienen que interpretar de manera progresiva y contundente.

De cara a la comunidad legal, el Magistrado Felipe de la Mata explicó los elementos que componen el Manto Jurídico Protector del periodismo, que forman la piedra angular de la democracia, y que protegen la licitud de la labor periodística y la presunción de validez de esa actividad.

Destacó que, si bien el marco constitucional y legal es restrictivo, la jurisprudencia del Tribunal Electoral ha sido clara, y ha velado por la protección de los derechos de los periodistas a través sus sentencias.

SUS BASES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - promulgada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1917, respalda en su Artículo 6: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.

Dicho ello, el Artículo 7 donde cita: “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera material. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas dictarán cuantas disipaciones sean necesarias para evitar que, so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, “papeleros”, operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos”.

Igualmente, en el artículo 133 de la Constitución determina que: Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes, tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. La Suprema Corte de Justicia ha interpretado que los tratados internacionales se encuentran en una jerarquía superior a las leyes federales.

Además, en las Leyes específicas de prensa están:

La Ley de Imprenta de 1917.

El artículo sexto constitucional (véase número 1) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (2002), la cual determina en sus dos primeros artículos que:

Además del Artículo 1, que Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

“El Artículo 2 que cita que toda la información gubernamental a que se refiere esta Ley es pública y los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que ésta señala las Leyes de radio y televisión y el contenido de la información.

Ley Federal de Radio y Televisión y el Contenido de la Información.

Se ve el Secreto Profesional o protección de fuentes.

No existe una ley federal al respecto; sin embargo, la Ley que crea la agencia de noticias del Estado Mexicano, determina que para los efectos de esa ley se entiende: “Artículo 14 donde el Secreto Profesional: derecho de los periodistas para negarse a revelar ante la agencia, la identidad de sus fuentes de información, siempre y cuando esta se difunda con apego a los principios rectores de veracidad, imparcialidad, objetividad, equidad y responsabilidad”.

Y es que a nivel local existen algunas disposiciones penales, que excluyen a los periodistas del deber de declarar en procesos penales, tal es el caso de los estados de Baja California, Colima, Querétaro y Zacatecas.

 



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