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Realizan Desahogo de Pruebas Testimoniales de Juicio Polítco

Realizan Desahogo de Pruebas Testimoniales de Juicio Polítco
Es un proceso abierto por posibles actos u omisiones de la implicada, aseguró

Publicación:29-02-2020
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Aquí nadie está siendo enjuiciado. Estamos en una investigación: Pablo Gómez; Testigos responden preguntas de diputados.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados realizó hoy la sesión de Desahogo de Pruebas Testimoniales con respecto al Juicio Político del expediente SI/LXIV/JP/01/2019.

El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena), presidente de la Sección Instructora, explicó que luego de la presentación de testigos proseguirá el análisis de los documentos con el objetivo de integrar las conclusiones y entregarlas a la Cámara de Diputados, a través de la Mesa Directiva, el día 16 de marzo.

Indicó que la presentación de testimonios se efectuó bajo los términos del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, 14 y 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como los artículos 49 y 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que fundamenta el que se haya citado a los testigos. Es un “procedimiento de juicio político abierto por posibles actos u omisiones de Rosario Robles Berlanga o María del Rosario Robles Berlanga, en perjuicio de los intereses públicos y el buen despacho durante su desempeño como secretaria de Estado”, dijo.

Gómez Álvarez sostuvo: “aquí nadie está siendo enjuiciado. No tenemos inculpado alguno. Aquí estamos en una investigación; es la primera fase del juicio político. No corresponde a esta Cámara el enjuiciamiento. Es facultad exclusiva constitucional de la Cámara de Senadores”, agregó.

Los testigos que se presentaron fueron identificados, se les expuso el motivo de su citatorio, la materia del mismo, y se les preguntó si tenían alguna declaración que hacer al respecto. Antes de su declaratoria se les tomó protesta de decir verdad, en términos de la ley.

Posteriormente se ofreció la palabra a la parte denunciante, después a la defensa y, por último, los integrantes de la Sección Instructora realizaron preguntas.

El diputado informó que la versión estenográfica de lo expresado por los testigos formará parte del expediente, cuyo acceso será libre para la defensa y a todo lo que conste en el mismo.

Al presentarse el primer testigo, Juan Manuel Portal Martínez, el diputado Gómez Álvarez mencionó que el procedimiento de juicio político iniciado en la Cámara está en su etapa de instrucción y tiene una base fundamental en las actuaciones que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ante ello, el legislador preguntó si es cierto que las auditorías forenses ejecutadas derivaron en pliegos de observaciones que fueron notificados a la secretaria mientras fue titular de Sedesol y Sedatu.

Señaló que la ASF presentó 24 denuncias y cuestionó si la Auditoría lo comentó con la secretaria y en qué momento procesal decidió presentar denuncia ante la ahora Fiscalía General de la República.

Portal Martínez reveló que en 2017 notificó a la ex titular de ambas dependencias la situación identificada por las auditorías y en donde la titular omitió sobre los convenios de colaboración que firmaron la Sedesol y la Sedatu. 

“Lo que hice fue personalmente notificarle, informarle y comentarle las situaciones que estaban siendo observadas en cada una de las auditorías que se llevaban a cabo, principalmente en el caso de Sedesol”.

La respuesta fue negativa, evasiva con todos los elementos que tuvimos en frente. Se lo demostramos, y en la última reunión que tuve con ella ofreció no volver hacerlo”, aclaró.

La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena), secretaria de la Sección Instructora, planteó a Portal Martínez: “¿sabía o le constaba si la señora Rosario Robles Berlanga o María del Rosario Robles Berlanga, después de que fue informada acerca de las irregularidades detectadas en las auditorías, giró alguna instrucción, una orden para corregir irregularidades que se pusieron en su conocimiento?”.

La diputada Anilú Ingram Vallines (PRI), integrante de la Sección Instructora, preguntó al testigo, que en varias ocasiones en medios de comunicación “manifestó que no era una responsabilidad que alcanzara a la titular de la dependencia. ¿Se sostiene en este dicho?, planteó.

Portal Martínez advirtió que “se debe tener mucho cuidado con la posible prescripción, por eso hay que ser muy exactos con el análisis de la información”

La segunda testigo, Muna Dora Buchahin Abulhosn, extitular de la Dirección General de Asuntos Forenses de la ASF, aseguró que era difícil obtener la información porque “había resistencia y ocultamiento, pero teníamos obligación de revisar la ruta del dinero y el ejercicio”. La metodología permitía analizar y deducir para fiscalizar los recursos que Sedatu convino con universidades. 

Señaló que, incluso, se había solicitado una reunión con los proveedores de los servicios fiscalizados, los cuales “supuestamente habían sido contratados por las universidades, pero en testimonios oficiales ante autoridad se reveló que ni siquiera los conocían, que no los habían contratado, que les habían informado de la propia secretaría a quién y cómo contratar y que los rectores nada más pagaban; les decían dónde llegaba el recurso”.

Denunció que ha habido una persecución política hacia su persona, por lo cual se había solicitado la intervención de la Comisión de Vigilancia de la ASF para ese efecto, pero “hasta hoy no hay respuesta”. Por ello, pidió a la Sección Instructora su mediación “para que pongan freno a otro tipo de abuso de autoridad que lastima de una manera indigna”.

En tercer turno, acudió el ex subsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, quien expresó su decisión de no realizar la protesta de decir verdad, porque “está en calidad de acusado en causa penal”, por lo que solicitó que sólo se le exhorte a conducirse con verdad y puntualizó: “no recibiré preguntas de la Sección Instructora ni de la defensa”.

Declaró que fue de los primeros en denunciar la existencia de convenios falsificados, y como resultado del cumplimiento de su deber, pasó de denunciante a acusado por un delito que no cometió. Hay evidencias suficientes para que el Ministerio Público inicie procedimientos penales a quienes cometieron un delito en contra de la nación, pero “hasta el día de hoy, no se ha iniciado ninguna investigación”.

“Jamás en mis funciones signé ningún documento, un convenio, contrato, recibo o cualquier otro que vincule a la Sedatu con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo. Me he convertido en víctima del sistema de justicia en la Fiscalía General de la República, porque no se inició la investigación contra quienes realmente han realizado el desvío de recursos y que falsificaron mi firma y la de otros”, puntualizó. 

Pablo Gómez dijo que la Sección Instructora admite la aportación y documentos para integrarlos al expediente, pero “no se consideran como testigo para la audiencia”.

La diputada Patricia Ramírez Lucero mencionó que el testigo de ser acusador pasó a ser investigado. Está en su derecho de no protestar porque esos hechos tienen íntima relación con la materia de este juicio político, con ello, su declaración podría ser estimada como un “indicio”, y en última instancia, si nos entrega el documento bajo el cual produjo su declaración como una “prueba documental”, consideró.

En cuarto lugar, se presentó Wendy Gabriela Arrieta Camacho, exdirectora general de Tecnologías de la Información de la Sedesol, quien se reservó su derecho de declarar, “dado que tengo dos procesos abiertos: uno resarcitorio y uno penal”. 

En quinto sitio, acudió Javier Guerrero García, ex subsecretario de Participación Social y Desarrollo Comunitario, en Sedesol, quien fue interrogado sobre los convenios en los que participó, entre otros, con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, por 15 millones 698 mil pesos.

El diputado Gómez Álvarez preguntó para qué se firmaron, quién ideaba el mecanismo del convenio y cuáles eran los objetivos que se planteaban. Manifestó su preocupación respecto a la relación de esa institución académica con la Cruzada Nacional Contra el Hambre. “¿Por qué la ASF se vio en la circunstancia de presentar denuncia, cuándo se declaró no satisfecha en cuanto a la solventación de observaciones?

El exfuncionario dijo que fueron 55 convenios con universidades, y no sólo las del estado de México, sino con más de 20 instituciones interculturales, vinculadas a áreas de pobreza extrema para la promoción comunitaria e incorporar brigadistas a la constitución de comités y participación de la comunidad. “Nunca tuvimos uno relacionado con la adquisición de bienes y servicios”. 

Explicó que todos se sometieron a una auditoría financiera y una forense y las observaciones fueron solventadas a plenitud. En la fiscalización del ejercicio 2015, “yo no era subsecretario y no firmé ese convenio, ni el general ni el específico. No sabría decir sobre estas observaciones; sin embargo, en las que sí participé, fueron solventadas; las responsabilidades, en el caso de que las hubieran, se ejercieron y no necesariamente con funcionarios.

Por último, el testigo Víctor Manuel Tapia Castañeda, quien fue director de Desarrollo Comunitario en la Sedesol, dejó en claro que en su carrera como servidor público de más de 36 años no tiene ni una sola sanción administrativa, porque el oficio público requiere de una profesionalización.

A pregunta expresa del diputado Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, sobre esta investigación, Tapia Castañeda aclaró que los convenios corresponden al ejercicio 2015, tiempo en que “yo no era director de Desarrollo Comunitario, Javier Guerrero no era subsecretario y tampoco la exsecretaria Robles Berlanga tenía responsabilidad.



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