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La corrupción causa grandes estragos en la vida democrática

La corrupción causa grandes estragos en la vida democrática
Su costo es de hasta el nueve por ciento del PIB

Publicación:29-02-2020
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El legislador Emmanuel Reyes Carmona propone que los tres órdenes de gobierno redireccionen su función hacia la transparencia y ética.

Al inaugurar el Foro “La transparencia como herramienta para el combate a la corrupción”, el diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena) afirmó que la corrupción es un fenómeno que causa grandes estragos en la vida democrática; es deber de los tres órdenes de gobierno redireccionar el camino hacia la integridad, la transparencia y ética en el quehacer de sus funciones. 

En el evento en el que participaron funcionarios federales y estatales, académicos y especialistas, el legislador enfatizó que toda democracia sana requiere de diálogo abierto basado en la rendición de cuentas del gobierno, porque permite “acercarnos a la sociedad, pues de esa manera informamos cómo se gasta cada peso y centavo de lo que los ciudadanos pagan a través de sus contribuciones”.

Destacó que en la actualidad se ha logrado dar resultados de que las cosas se pueden hacer con transparencia; ejemplo de ello es el ayuntamiento de Puebla, que recibió la más alta distinción en el ámbito nacional en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios durante el año 2019.

Refirió que la Cámara de Diputados también ha dado señales claras de combate a la corrupción, porque se han adecuado marcos jurídicos encaminados a la materia y por dignificar la tarea de las y los legisladores

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) señaló que se debe asumir que el principal lastre del país es la corrupción, que ha dañado a todo el sistema económico, toda vez que se calcula que su costo es de hasta el nueve por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Añadió que la Cámara de Diputados reformó el artículo 19 de la Constitución Política con el objetivo de tipificar el delito de corrupción para que quienes lo cometan no tengan derecho a fianza.

Además, se aumentó el presupuesto a la Secretaría de la Función Pública (SFP) con la intención de darle materiales y herramientas para combatir la corrupción; sin embargo, enfatizó que “es mejor prevenir y generar acciones que fomenten la rendición de cuentas y de transparencia que permitan difundir la evolución patrimonial de los servidores públicos y los costos de los insumos que el gobierno adquiere”.

“El paradigma de la responsabilidad activa”

Durante la primera mesa de análisis “El paradigma de la responsabilidad activa en el ejercicio de la función pública”, Fernando Martínez García, director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP, explicó que la secretaría ha promovido que la administración pública debe velar por los intereses del ciudadano y proteger los derechos humanos y que la sociedad confíe en su gobierno.

Apuntó que la SFP tiene cinco ejes de actuación: la ciudadanización del combate a la corrupción y a la impunidad, la democratización de las tecnologías, la protección de los alertadores internos, el relanzamiento del Servicio Profesional de Carrera y la fiscalización y evaluación de la función pública.

“Hemos mandado el mensaje claro de que no se va a tolerar ninguna falta administrativa, y terminar con el enfoque de que la corrupción se encuentra únicamente en el espacio público, porque también hay en el área privada. En este sentido se creará una unidad de responsabilidad con la tarea de sancionar a los particulares que se aprovechan en los procesos de contratación”.

En su turno, María Rebeca Alcaide Cruz, integrante del Programa Multidisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que el Sistema Nacional de Anticorrupción debe ser reforzado con los sistemas locales para obtener resultados efectivos, por ello se ha capacitado a los órganos internos, a fin de eliminar la impunidad y el combate a la corrupción.

Destacó que la SFP en un año ha realizado más de dos mil auditorías, diez mil observaciones, 400 procedimientos de responsabilidad administrativas, lo que ha permitido reforzar las áreas de riesgo y generar certeza jurídica en la materia. No obstante, indicó, para terminar con la corrupción no basta culpar a los gobiernos, sino que toda la ciudadanía se corresponsabilice.

“Transparencia municipal y combate a la corrupción”

Claudia Rivera Vivanco, alcaldesa del municipio de Puebla, dijo que ser indiferentes con la corrupción convierte a las personas en cómplices. Urgió a que haya participación de la ciudadanía en el combate a estas prácticas, si se quiere la transformación del país.

En la segunda mesa de análisis “Transparencia municipal y combate a la corrupción”, enfatizó que entre todos, y con la participación de autoridades y ciudadanos, deben rendirse cuentas en tiempo real. “En el caso de Puebla y mediante el tablero que creamos, hoy pueden saber dónde se hace obra, quién ganó esa obra, el proceso de licitación, cuánto cuesta y el porcentaje de avance”.

Julieta Hernández Pachuca, contralora municipal de Monterrey, señaló que es necesario que los ciudadanos expresen su inconformidad porque así las autoridades encargadas de combatir la corrupción actuarán al respecto. “Hemos destituido a casi 300 funcionarios de distintos niveles por cometer irregularidades”.

Dijo que las contralorías municipales deben tener “dientes y garras” para que no sólo las acciones vayan contra funcionarios menores, sino hacia altos cargos. “Sólo así la ciudadanía sabrá qué hace el municipio con su dinero y se tiene prevención de estas conductas”.

El tesorero municipal de Puebla, Armando Morales Aparicio, aseguró que es imprescindible que la información financiera gubernamental esté al alcance de la ciudadanía con el fin de evaluar su gestión y empoderar a la población; para ello, aclaró, requiere cumplirse el principio de máxima publicidad para que más personas participen en la vigilancia de los recursos y su uso. 

Aunque aseveró: “Muchas veces es una información tan técnica que al estar al alcance de los ciudadanos requiere de una traducción para ser evaluada”.

“Acciones legales para el combate de la corrupción”

En la tercera mesa de análisis, “Acciones legales para el combate efectivo de la corrupción”, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río mencionó que el enfoque normativista, punitivo o correctivo no es lo que va a funcionar, si las leyes no se implantan correctamente y se les da seguimiento.

“Ése es el reto que tenemos como diputados, establecer la normatividad pero, sobre todo, realizar un esquema de corresponsabilidad para combatir esta práctica”.

Karla Fernanda Barrera Caballero, especialista de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, explicó que este tema se relaciona con actos ilícitos, ya sea del sector privado o el público, así como con la participación activa de la ciudadanía.

“Se genera de forma corresponsable; todos somos parte de este fenómeno social”, puntualizó.

Román Sánchez Zamora, profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), consideró que para eliminar la corrupción se deben construir estrategias que permitan promover la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, inculcarlas desde la niñez con el objetivo de forjar buenos ciudadanos. 



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