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Lanzan alerta en AL para evitar corrupción por Covid-19

Lanzan alerta en AL para evitar corrupción por Covid-19
Los gobiernos son los responsables de promover la libre concurrencia y la competencia, y es su deber evitar el pago de bienes y servicios con sobreprecio

Publicación:29-03-2020
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La advertencia planteó elementos esenciales para atacar el enriquecimiento ilícito por la incursión de sectores corruptos que se aprovecharían de la crisis

SAN JOSÉ, Costa Rica.- Un bloque de 13 organizaciones no estatales de la lucha contra la corrupción en México, Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Costa Rica, Honduras, Panamá, Guatemala, El Salvador y República Dominicana lanzó una alerta temprana para prevenir los negocios ilícitos con recursos estatales al amparo de la emergencia por la pandemia del Covid-19.
La advertencia planteó elementos esenciales para atacar el enriquecimiento ilícito por la incursión de sectores corruptos que se aprovecharían de la crisis sanitaria internacional: transparencia y datos abiertos, eficiencia en la administración de los presupuestos estatales, rendición de cuentas, garantizar la competencia económica y seguimiento al gasto público durante la contingencia por fuerza mayor.
Una crisis como la del coronavirus "propicia la manipulación de información y genera las condiciones para el uso inadecuado de fondos y fideicomisos de emergencia o presupuestos extraordinarios", plantearon las 13 organizaciones.
"En emergencias con la magnitud como la del coronavirus, los Estados enfrentan consecuencias económicas y sociales que derivan en mayor demanda de bienes y servicios para atender las necesidades que se generen por tal situación, así como en afectaciones por la limitada actividad económica por las restricciones o imposibilidad de operar con normalidad", precisaron.
"El ejercicio del gasto toma particular importancia, porque de hacer un mal uso de esos fondos extraordinarios, se vulneran los derechos de las personas", recalcaron.
La iniciativa fue planteada por los capítulos en cada uno de los 13 países de Transparencia Internacional, organización mundial no estatal promotora de la honestidad en la labor pública y con sede global en Alemania.
EL UNIVERSAL tiene copia del documento con los detalles de la alerta temprana, emitida para un monitoreo permanente sobre las operaciones comerciales y financieras de los gobiernos para enfrentarse al ataque del virus que surgió a finales de 2019 en China.
Especialistas latinoamericanos consultados por este periódico coincidieron en que el viejo expediente de multimillonarios casos de corrupción mina la capacidad de América Latina y El Caribe para combatir al coronavirus con suficientes recursos.
Las agrupaciones firmantes son: Transparencia Mexicana, Transparencia Venezolana, Transparencia por Colombia, Transparencia Internacional Brasil, Chile Transparente, Acción Ciudadana de Guatemala, Asociación para una Sociedad más Justa de Honduras, Costa Rica Íntegra, Poder Ciudadano de Argentina, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana de Panamá, Proética de Perú, Fundación Nacional para el Desarrollo de El Salvador y Participación Ciudadana de República Dominicana.
"Es un análisis sobre riesgos de corrupción identificados", dijo el costarricense Andrés Araya, presidente de Costa Rica Íntegra.
Se plantean "estrategias preventivas claves para asegurar que las compras y las contrataciones directas que están haciendo todos los estados latinoamericanos y en todo el mundo frente a la crisis sanitaria, se lleven de manera integral", explicó Araya, en una entrevista con EL UNIVERSAL.
La meta es que "se conserven" y "no se violenten" todos los procesos y procedimientos que establece la normativa, añadió.
Las propuestas centrales son las siguientes:
+ Transparencia y datos abiertos.
Los recursos destinados a la emergencia y su uso deben ser informados en su totalidad, de forma continua, oportuna, veraz y verificable y en lenguaje ciudadano. La información sobre las compras y contrataciones en periodos de emergencia debe publicarse en formatos de datos abiertos y asegurando su accesibilidad para diferentes tipos de audiencias.
La información que se genere en materia de contrataciones públicas debe concentrarse en un sitio público específico (página web, micrositio oficial, u otro), asegurando la estandarización de su contenido.
+ Administración de los recursos
El presupuesto para atender emergencias y contingencias por casos de fuerza mayor deberá ser administrado bajo principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia e imparcialidad, y deberán asegurar las mejores condiciones para el Estado, en cualquier nivel de gobierno.
Es indispensable que los gobiernos informen sobre el origen de los recursos que se tienen disponibles para la contingencia, las afectaciones presupuestarias que podrían sufrir otras partidas o fondos, así como la justificación para su determinación y las reglas generales que deberán regir el uso de esos recursos.
+ Rendición de cuentas
Adicionalmente a los mecanismos de transparencia en tiempo real, los gobiernos deberán informar al término de la emergencia sobre los resultados del ejercicio de los recursos.
+ Garantizar la competencia económica
Los gobiernos deberán evitar que en sus procedimientos de contratación para atender la emergencia se propicie la concentración o acaparamiento ya sea para adquirir bienes o contratar servicios de consumo necesario durante la contingencia por fuerza mayor.
Se deberán de tomar las medidas pertinentes para que las micro, pequeñas y medianas empresas participen en la provisión de bienes y servicios necesarios en la emergencia, valorando el costo beneficio que esto representaría; no sólo por el costo directo del bien, sino por los potenciales efectos de la promoción de la actividad económica en los países.
Los gobiernos son los responsables de promover la libre concurrencia y la competencia, y es su deber evitar el pago de bienes y servicios con sobreprecio y evitar y sancionar el alza de los precios, el acaparamiento y la especulación en la prestación de servicios. También deberán eliminar cualquier tipo de potencial o real ventaja a favor de una o varias personas físicas y/o morales, sobre sus competidores.
+ Seguimiento al gasto público durante la contingencia
Ante la emergencia, es necesario que los presupuestos extraordinarios sean revisados bajo medidas extraordinarias que garanticen la eficiencia e integridad en el uso de los recursos. Para ello deberán implementarse mecanismos de vigilancia adicionales a los que prevén las leyes de los gobiernos nacional y locales.
En particular, es necesario que las instancias de fiscalización y auditoría se mantengan en constante coordinación con los entes contratantes para mantener un control efectivo tanto del presupuesto, como de los bienes y servicios que se contratan para afrontar la contingencia por fuerza mayor. Los órganos de fiscalización deberán establecer un protocolo de actuación para el seguimiento y auditoría del ejercicio y destino de los recursos, en tiempo real.


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