Golpean los conflictos mineros a Latinoamérica

San José, COSTA RICA / El Universal Legal o ilegal, la minería es satanizada o bendecida en América Latina y el Caribe. Los adversarios de la actividad argumentan que la zona paga a diario una onerosa factura de daños socioambientales, corrupción política y represión militar y policial por la criminalización de las protestas por el impacto hemisférico de la minería legal e ilegal. “La minería es negocio porque no se hace a cargo de los costos socioambientales que provoca”, afirmó el chileno César Padilla, coordinador del (no estatal) Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). Los defensores aducen que la minería legal genera puestos de trabajo y atrae fuertes inversiones y que, por vía de impuestos, una parte de las decenas de miles de millones de dólares que fluyen cada año a la región por las exportaciones minerales abastece las finanzas públicas del área y financia planes sociales. “La minería es un sector fundamental de la economía de América Latina y el Caribe. Tenemos unos recursos naturales en minería muy grandes que permiten atraer inversión extranjera muy grande y que genera trabajo”, alegó el economista peruano Carlos Paredes, presidente en 2019 y 2020 de la estatal Petróleos del Perú (Petroperú). En medio de ambas posiciones, y de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica o Panamá a Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, Cuba, Venezuela, Guyana, Trinidad y Tobago y al resto de nacionales latinoamericanas y caribeñas, está la minería ilegal. “El auge de la explotación ilegal y el tráfico de oro en Venezuela a través de las fronteras es un negocio criminal en expansión en estos momentos y que funciona como una estructura internacional que genera enormes ganancias”, aseguró la abo gada venezolana Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, organización no estatal de seguridad y defensa de ese país. “La explotación, comercio y salida ilegal del oro de Venezuela no encuentra mayores sanciones en el derecho penal”, dijo San Miguel a EL UNIVERSAL, en una referencia indirecta a la complicidad de sectores estatales venezolanos en el desarrollo de una lucrativa industria ilícita encubierta en la informalidad y la clandestinidad. Como fenómeno que ni dispone de control ambiental ni aporta a las finanzas públicas, la minería ilegal golpea a Venezuela e incontenible se repite en el área como una extensión del crimen organizado al actuar en alianza a redes de lavado de dinero y de contrabando de otras mercancías. Legal o ilegal, la minería se consolidó como pieza crucial ancestral de las economías del área desde antes del descubrimiento de América, en 1492, y continuó siendo fundamental en las finanzas interamericanas. El Banco Mundial reportó que del total de las exportaciones de bienes y servicios de América Latina y el Caribe en 2020, que sumaron un billón 190 mil millones de dólares, 7.9% correspondió a las de minerales. El porcentaje aumentó en comparación con 2019: con exportaciones totales por un billón 370 mil millones de dólares, las de minerales equivalieron ese año a 7.1%. En 1979, con exportaciones totales por 94 mil 980 millones de dólares, las de minerales alcanzaron 8.2%. Para 2011, con un total de un billón 100 mil millones de dólares en exportaciones, las de minerales llegaron a 9.6%, según cifras del Banco Mundial. OCMAL informó que en América Latina y el Caribe hay 289 conflictos en 301 proyectos mineros. Los países con más diferendos son México, con 58; Chile, con 49; Perú, con 46, y Argentina, con 28, entre otros. Del total, en 264 casos las protestas fueron criminalizadas, añadió, en alusión a que hay personas en procesos judiciales por reclamar contra la operación minera. En la zona “se constata el aumento de conflictos” por los efectos sociales y biológicos de los proyectos extractivistas, porque la actividad minera, “sobre todo aquella tecnificada y a gran escala, genera impactos irreversibles en los ecosistemas y los entornos sociales.