México necesita programa ambicioso para proteger economía

México.- México debería recurrir a la reasignación de recursos, a contratar más deuda, e incluso a la línea de crédito flexible por 61 mil millones de dólares que tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la que se han pagado comisiones por 10 años, para enfrentar la emergencia sanitaria.

Y es que la reacción del gobierno federal debe ser rápida y contundente si se quiere tener una recuperación pronta y sólida de la actividad económica y proteger el bienestar de los hogares, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su análisis semanal, reiteró que sin un programa ambicioso de protección a la salud y a la economía para atender la emergencia, la intervención del gobierno “será irrelevante y no protegerá el bienestar de los mexicanos”.

Detalló que los estragos por la parálisis de la economía resultado de la pandemia ya se muestran en la reducción de los 347 mil empleos formales, o en el recorte de salarios, la baja de consumo y que la tenencia de bonos gubernamentales en manos de extranjeros disminuyó en 166 mil millones de dólares.

De manera adicional, las principales calificadoras como Standard & Poor´s, Fitch Ratings y Moody´s degradaron la nota de la deuda soberana de México y la colocaron a un peldaño de perder el grado de inversión, por la “tibieza e indiferencia” de las autoridades para contrarrestar los efectos previsibles de la pandemia sobre la economía.

Por ello, indicó el Centro de Estudios, urge establecer un programa de reactivación de la actividad económica, pues hasta ahora el gobierno ha dicho que cuenta con los recursos suficientes para mantener sus proyectos insignia como el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía, y así dar una ligera ayuda a microempresas mediante créditos a la palabra.

Empero, según el CEESP, el gobierno utilizaría recursos no recurrentes como los 158 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingreso Presupuestarios (FEIP), así como el remanente del Banco de México, aunque este se podrá utilizar hasta abril del próximo año.

Incluso, dijo, la Secretaría de Hacienda ha sugerido cambiar la definición de la deuda pública: de deuda neta a deuda bruta, a fin de utilizar recursos de las disponibilidades del gobierno sin impactar la cifra de la deuda.

Al mismo tiempo, el gobierno anunció la desaparición de los fideicomisos con los que liberaría 700 mil millones de pesos; pero "en todos los casos (la obtención de recursos) siempre implican una reducción de la posición financiera real del Estado, vía mayor deuda o menores disponibilidades".

Para el CEESP, en este momento lo que urge es que el país cuente con un plan claro para enfrentar los efectos económicos de la epidemia, que pueden ser devastadores.

Y recomendó proveer de liquidez a las empresas durante el tiempo que dure la cuarentena, a través del diferimiento de pago y entero de impuestos, de contribuciones a la seguridad social de las empresas y devoluciones completas y puntuales del pago de impuesto del valor agregado.

Para lograr lo anterior, estimó el Centro de Estudios, el gobierno podría incrementar la deuda pública, pero sería necesario contar con un plan creíble, un compromiso, que asegure la sostenibilidad de la deuda una vez pasada esta crisis.