El gobierno del presidente Joe Biden puso fin el martes a una política migratoria implementada por el exmandatario Donald Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias en los tribunales de inmigración estadounidenses.
Un memorándum de siete páginas del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, representó el fin de los “Protocolos de Protección al Migrante” (conocido como Quédate en México), con los cuales unos 70 mil solicitantes de asilo fueron enviados de regreso a México desde enero de 2019 y hasta que la práctica fue suspendida por Biden en su primer día como presidente dos años después.
El anuncio parecía una conclusión inevitable des-pués de que Biden prometió durante su campaña que iba a eliminar la política, pero dejó abierta la posibilidad de mantenerla luego de que ordenó una revisión antes de ponerle fin permanentemente.
Mayorkas dijo que mantener la política intacta o modificarla “no sería compatible con la visión y los valores de este gobierno, y sería un mal uso de los recursos del departamento”. Afirmó que los costos superarían con creces los beneficios.
La implementación de la política coincidió con una fuerte disminución en las llegadas de solicitantes de asilo a la frontera, pero los críticos señalaron que la gente se vio afectada por las violentas condiciones en México, la falta de acceso a abogados y la dificultad para llegar a los tribunales.
Mayorkas reconoció esas inquietudes apuntando el alto índice de solicitudes rechazadas por no presentarse ante los tribunales y la falta de vivienda, ingresos y seguridad en México.
Desde el 19 de febrero, unas 11 mil 200 personas con casos activos han podido regresar a Estados Unidos para esperar la resolución de sus casos, un proceso que puede tardar años en las saturadas cortes de inmigración.
El gobierno aún debe decidir si decenas de miles de casos adicionales que fueron desestimados o rechazados recibirán otra oportunidad. El gobierno de Biden ha mantenido en vigor varias facultades decretadas en marzo del año pasado por el entonces presidente Donald Trump para expulsar de manera expedita a la gente a México sin darles la oportunidad de solicitar asilo por cuestiones de salud pública. Mayorkas reconoció que planean eliminar esas medidas relacionadas con la pandemia, pero no dio muchos detalles al respecto.
El secretario señaló la creación de un nuevo listado de casos de inmigración pendientes (anunciado el viernes) que tiene como objetivo que los casos se decidan en un plazo de 300 días. Prometió “otros cambios normativos y en las políticas”, sin dar más detalles.