Texas, EU.-La Corte Suprema estadounidense extendió el martes la suspensión de una nueva ley de Texas que permitiría a la policía estatal detener a personas que se sospecha cruzaron ilegalmente la frontera desde México, mientras funcionarios estatales y federales se aprestan a enfrentarse sobre la autoridad que tiene cada uno en materia de inmigración.
El juez del supremo Samuel Alito emitió la orden que extiende la suspensión hasta el lunes próximo, un día antes de que caducara la suspensión vigente. Con ello, la corte tendrá una semana más para estudiar lo que los opositores consideran el intento más extremo de un estado para reprimir la inmigración desde una ley de Arizona que el tribunal supremo anuló parcialmente en 2012.
El juez federal David Ezra rechazó la ley el mes pasado por considerarla anticonstitucional. En su fallo de 114 páginas, rechazó los argumentos de los republicanos de que había una "invasión" en la frontera sur. Pero una corte federal de apelaciones suspendió el fallo y el Departamento de Justicia pidió la intervención de la Corte Suprema.
El gobernador republicano Greg Abbott sancionó la ley en diciembre. Es parte de sus medidas en el estado fronterizo con México para poner a prueba hasta qué punto las autoridades pueden impedir el cruce no autorizado de migrantes en momentos que estos alcanzan cifras récord.
La ley daría a los jueces locales el poder de ordenar a los migrantes arrestados salir del país o ser acusados de una infracción por entrar ilegalmente al país. Los migrantes que no salgan después de recibir la orden podrían ser arrestados nuevamente y acusados de un delito más grave.
En una apelación a la corte, el Departamento de Justicia dijo que la ley alteraría profundamente el "estatus quo que ha existido entre Estados Unidos y los estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años".
Funcionarios federales han argumentado que perjudicaría tanto la capacidad del gobierno para aplicar las leyes de inmigración como la relación con México.
La batalla en torno a la ley es una de varias disputas legales entre Texas y el gobierno del presidente Joe Biden sobre en qué medida el estado puede patrullar la frontera para prevenir los cruces ilegales.