El Inegi oficializa estructura para medir la pobreza

La nueva dirección tendrá bajo su responsabilidad a la dirección general adjunta de Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) oficializó formalmente la integración de las tareas de medición de la pobreza a sus funciones, tras la desaparición del Coneval.
En agosto, la presidenta del Inegi, Graciela Márquez, comentó que para absorber dicha responsabilidad se integraría una unidad.
Sin embargo, se creó una nueva dirección general de Evaluación y Medición de Pobreza, según el acuerdo que reforma el reglamento interior publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La nueva dirección tendrá bajo su responsabilidad a la dirección general adjunta de Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social, y la dirección general adjunta de Medición de Pobreza.
Entre las atribuciones que le encomendaron a la nueva dirección se encuentran: coordinar y supervisar la programación y los procesos de diseño, captación, actualización, organización, procesamiento, integración y compilación de información para la evaluación integral de la política de desarrollo social y medición de pobreza, así como realizar estudios e investigaciones.
Coordinar la evaluación integral de la política de desarrollo social conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.
Está facultada para requerir a las dependencias federales, entidades y municipios la información necesaria para llevar a cabo las funciones de la evaluación integral de la política de desarrollo social.
Se encargará de elaborar y actualizar lineamientos y criterios técnicos para la definición, identificación y medición de pobreza.
Podrá proponer a la presidencia del instituto lineamientos, criterios y metodologías para la evaluación integral de la política de desarrollo social y medición de pobreza.
Le compete definir las temáticas de la evaluación integral de la política de desarrollo social, así como coordinar los procesos de consulta con los sectores público, social y privado y, en su caso, analizar la procedencia de las propuestas.
Planteará los mecanismos de aseguramiento de la calidad y los requerimientos mínimos de experiencia y solidez de las instituciones evaluadoras externas.