El Gobierno argentino, bajo la dirección de Javier Milei, ha emitido fuertes críticas hacia la huelga general convocada en el país, liderada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Calificando la movilización como un "gran sinsentido", el ejecutivo acusa a la CGT de "complicar la vida" de los ciudadanos con esta medida de protesta que ha afectado diversos sectores, incluyendo el transporte aéreo.
La jornada de paro, que ha generado controversia desde su convocatoria, se ha caracterizado por un estricto protocolo de seguridad que busca evitar la interrupción del tráfico vehicular durante las manifestaciones. A pesar de la implementación de estas medidas, el impacto se ha sentido con fuerza, especialmente en empresas como Aerolíneas Argentinas, que enfrenta cancelaciones y reprogramaciones de vuelos, afectando a aproximadamente 20 mil pasajeros.
La ministra Patricia Bullrich ha destacado la apertura de una línea telefónica para denunciar posibles coacciones a los ciudadanos para unirse al paro, subrayando la importancia de garantizar la libertad de elección en un contexto de movilización social. Estas medidas adicionales de seguridad buscan mantener la transparencia y la equidad en el desarrollo de la jornada de protesta.
La huelga, que busca expresar el descontento de diversos sectores ante las políticas gubernamentales, ha generado un intenso debate en la esfera política argentina. Mientras el Gobierno critica la movilización, los sindicatos sostienen que es necesaria para defender los derechos laborales y sociales de la población.