Managua, Nicaragua.- Cinco sacerdotes católicos fueron condenados a 10 años de cárcel en Nicaragua bajo cargos de “conspiración”, en el último embate contra la Iglesia católica en la nación centroamericana.
Un grupo civil de abogados que representa a los religiosos informó el martes de las sentencias y anunció que se espera que en los próximos días también se dicte sentencia contra el obispo Rolando Álvarez, de 56 años, y conocido por sus posiciones críticas al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Las autoridades nicaragüenses han acusado a miembros de la Iglesia católica de respaldar protestas de opositores al gobierno de Ortega, quien ha sido blanco de críticas de diversas organizaciones y gobiernos por considerar que desde hace años ha usado diversos métodos contra cualquier disenso en ese país, incluidos los arrestos. Sus críticos sostienen que los poderes Judicial y Legislativo están plegados a lo que diga el mandatario.
Cuatro de los sacerdotes fueron sentenciados el lunes y uno más el domingo en Managua en audiencias realizadas a puerta cerrada, informó en un comunicado el grupo de abogados, denominado Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).
La jueza Nadia Tardencilla emitió la condena el lunes por “conspiración” contra los sacerdotes Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral de Matagalpa, respectivamente; además de contra el sacerdote Raúl Vega. Dos seminaristas y un camarógrafo recibieron la misma sentencia bajo la misma acusación.
Todos permanecen recluidos desde el año pasado en la cárcel policial de El Chipote, en Managua, y también fueron inhabilitados a perpetuidad de sus derechos ciudadanos para competir cargos públicos o de elección popular.
El domingo, el presbítero Óscar Danilo Benavidez, párroco de la localidad norteña de Mulukukú y detenido desde el 14 de agosto, fue el primero en ser sentenciado a 10 años por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. La condena fue emitida por otra jueza, identificada como Nancy Aguirre.
En todos los casos, las audiencias se celebraron a puertas cerradas y con abogados defensores nombrados por el Estado, según señaló el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que calificó las sentencias como una “aberración jurídica”.
La “inahibilitación perpetua” para ejercer cargos públicos impuesta a los condenados también fue cuestionada por el Cenidh. “Esto es una afrenta al Derecho, una afrenta a la inteligencia, una afrenta a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de protección de derechos humanos”, indicó en un comunicado divulgado el martes.