Caso de Alejandro Toledo exhibe ruina política en Perú

SAN JOSÉ, Costa Rica.- La corrupción se sentó con siete presidentes peruanos —Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo— en el trono del Palacio de Gobierno de Perú entre 1990 y 2022.
Con una turbulencia que hundió en el desprestigio a su clase política tradicional por los abultados expedientes de enriquecimiento ilícito con recursos succionados de las arcas públicas, Perú se apresta a marcar un hecho sin antecedentes en la historia de América: tener a tres expresidentes —Fujimori, Toledo y Castillo— presos por corrupción y otros cargos.
De 77 años, casado y con dos hijos y de origen indígena, Toledo se entregó ayer antes del mediodía en San Mateo, California, a agentes federales de Estados Unidos que lo recluyeron en un centro correccional de esa zona y sujeto a una autoridad judicial para ser extraditado a su país.
A Toledo lo espera en Perú una prisión provisional de 18 meses, pese al clamor que lanzó el jueves anterior desde su arresto domiciliario en esa área: "Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel".
La trama de Toledo atizó un debate regional: ¿corrupción sin impunidad?
"Hay dos lecturas", afirmó el abogado peruano Francisco Belaúnde, profesor de Derecho Internacional Público en la (no estatal) Universidad de Lima. "Una es decir que la justicia, mal que bien, funciona en Perú y puede encarcelar y procesar a expresidentes. La otra es decir que Perú es más corrupto que otros países", dijo Belaúnde a EL UNIVERSAL.
"La realidad está entre ambas [lecturas]. Los peruanos podemos estar orgullosos de que hay personas poderosas, como los expresidentes, que caen. Pero es motivo de vergüenza ver que los últimos presidentes han sido personas sumamente corruptas", reconoció.
Al recordar que en Perú proliferó la "tendencia" de que "no importa" si un jefe de Estado que robó también edificó obras públicas, admitió que en esa nación "hay mucha tolerancia".
"Que presidentes y gente muy encumbrada estén siendo procesadas tampoco quiere decir que haya otros que pasen desapercibidos. Perú es reflejo de lo que hay en América Latina: hay mucha corrupción en las altas esferas. Es lamentable", subrayó. "Podemos decir con cierto orgullo (...) aunque un poco quizás orgullo agridulce, que la justicia peruana, a diferencia de otras, procesa y encarcela a exmandatarios", alegó. El episodio de Toledo alimentó el cuestionado historial de expresidentes peruanos.
Fujimori, gobernante de 1990 a 2000, fue indultado en una componenda con Kuczynski en 2017 tras purgar 10 de 25 años de cárcel de una condena de 2009 por crímenes de lesa humanidad y corrupción, pero la maniobra fue anulada en 2018 y todavía está encarcelado.
Humala, presidente de 2011 a 2016, estuvo preso en 2017 y 2018 por presunto blanqueo de activos. García (1947-2019) gobernó de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, fue indagado por supuestamente aceptar coimas de Odebrecht y se suicidó en su casa en Lima en 2019 cuando la policía llegó a detenerlo con orden judicial porque habría recibido millonarios sobornos.
Kuczynski asumió en 2016 y, envuelto en la trama de Odebrecht, debió dimitir en 2018 por presunta corrupción. Vizcarra lo sucedió y en 2020 fue destituido por el Congreso por incapacidad moral ante denuncias de supuesta corrupción.
Castillo inició su quinquenio en 2021 y fue destituido por el Congreso en diciembre anterior por incapacidad moral con 50 acusaciones de presunta corrupción. Humala, Kuczynski y Vizcarra están libres y en proceso judicial. El mecanismo final de la extradición, al que Toledo consiguió eludir por más de cinco años, continuó ayer y Perú siguió expectante su traslado vía aérea desde EU en ruta a prisión.
La justicia peruana señaló en 2017 a Toledo como presunto culpable de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias por contratos que, en su mandato de 2001 a 2006, otorgó a la constructora brasileña Odebrecht para construir un tramo de una vía interoceánica entre Perú y Brasil a cambio de supuestos sobornos por unos 34 millones de dólares.
Toledo se quedó en EU y Perú pidió su extradición en 2018.
Toledo fue detenido en julio de 2019 en EU y en marzo de 2020 recibió libertad con fianza y casa por cárcel, en una controversia por su salud por la pandemia del coronavirus. En una prolongada contienda jurídica, y al amparo del tratado de extradición entre EU y Perú suscrito en 2001 y vigente a partir de agosto de 2003, un juzgado estadounidense declaró extraditable a Toledo en septiembre de 2021.
El Departamento de Estado de EU ratificó en febrero anterior el fallo del juzgado y aprobó la extradición, por lo que este mes una autoridad judicial estadounidense ordenó su arresto para enviarlo a Perú y cumplir con los diferentes veredictos. Un juzgado de EU aceptó este mes un intento final de Toledo para frenar su traslado a Perú que resultó infructuoso.
El Ministerio Público o Fiscalía de Perú ratificó ayer en Lima un requerimiento para que Toledo sea juzgado y sentenciado a 20 años y seis meses de cárcel por los líos con Odebrecht, y hay otros casos en trámite en su país.