Managua, Nicaragua.- En momentos en que encuestas internacionales arrojan que sólo el 33% de la población aprueba a Daniel Ortega, el gobierno de Nicaragua canceló el martes la personalidad jurídica y confiscó bienes de la orden de los Frailes Menores Franciscanos y de 16 organizaciones de la sociedad civil ligadas a iglesias católicas y evangélicas
Bajo el argumento de que no reportaron el origen de su financiamiento, la decisión se da a conocer en el diario oficial La Gaceta y establece que los bienes confiscados pasan ¿a manos del Estado.
Con esta medida, el régimen de Nicaragua ha cerrado más de 3 mil ONGs desde que endureció las leyes tras las protestas de 2018 contra Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
La orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís y 16 asociaciones y fundaciones incumplieron leyes sobre el reporte de sus estados financieros, juntas directivas, detalle de sus donaciones e identidad y origen de sus donantes, según una resolución del Ministerio de Gobernación (Interior).
El gobierno de Nicaragua canceló en agosto la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús y confiscó la universidad jesuita de Managua bajo acusaciones de "terrorismo", así como una residencia para sacerdotes aledaña al campus.
La Orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís tenía unos 58 años en Nicaragua.
Entre las ONGs que quedan sin personalidad jurídica este martes está la Asociación Iglesia Internacional de Cristo, la Asociación de Mujeres Las Golondrinas, la Fundación Centro de Atención Integral a Niños y Niñas con Autismo, la Asociación Evangelística Impacto Juvenil de Nicaragua, y la Asociación Nicaragüense de Iglesias de Cristo.
La relación entre la Iglesia católica y el gobierno se deterioró en medio de esas protestas, que Ortega consideró un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, que junto a la Unión Europea y otros países denunciaron una violenta represión contra opositores.
Varios religiosos han sido conminados a abandonar el país y 12 sacerdotes fueron enviados a Roma la semana pasada tras su excarcelación, pero queda en prisión el obispo Rolando Álvarez, fuerte crítico del gobierno, condenado en febrero a más de 26 años bajo cargos de propagación de noticias falsas y desacato.
En mayo, el gobierno canceló la personalidad jurídica de la Orden de las Hermanas Clarisas Franciscanas, también de la fraternidad franciscana, y en julio, cuatro religiosas de la Fraternidad Hermanas de los Pobres de Jesucristo, abandonaron el país después que migración no autorizó la extensión de sus visas.
Otras tres religiosas de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, encargadas de un asilo de ancianos de la ciudad de Rivas, al sur de Managua, dejaron el país en abril.